La respuesta que dio el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre esperar una respuesta de la Justicia para sentar postura sobre su ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, salpicado por hechos de corrupción, fue duramente cuestionada. Afirman que el mandatario, con esa visión, prefiere mantener a corruptos e incompetentes en su equipo de trabajo.
Hugo Richer, senador del Frente Guasu, objetó el criterio de Abdo Benítez para mantener a sus cuestionados ministros en el cargo, pese a las irregularidades, y dijo que son difíciles de entender los valores y el pensamiento del mandatario ante esta situación. Agregó que el justificativo que dio el Presidente es de que se encuentran realizando el Presupuesto General de la Nación 2021, quiere decir que gente incompetente estará confeccionando lo que será gastado en el país. “Él prefiere que los incompetentes hagan el presupuesto, es un extraño criterio para sostener una posición. Si hay gente acusada de corrupción, si hay indicios importantes, el Ministerio Público tiene que priorizar su trabajo y la gente apartarse de los cargos”, agregó.
Mencionó que si hay gente incompetente acusada de corrupción, esta es la que menos tendría que trabajar en el presupuesto general. “Es una brillante oportunidad para que gente nueva trabaje esos presupuestos y se dé también la libertad al Ministerio Público de investigar para determinar la responsabilidad o no de la persona acusada en estos casos”, puntualizó.
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Comisión del Senado analizó pedido de traslado de sede del Indi
Este martes la comisión asesora de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, encabezada por el senador Javier Vera, llevó adelante el estudio de varios proyectos presentados, entre los que el legislador resaltó el pedido de traslado de la sede del Instituto Nacional del Indígena (Indi), ubicado en el barrio Las Mercedes de Asunción, ante las quejas de los vecinos por la presencia constante de nativos en las inmediaciones.
Al respecto, el senador Vera indicó que están analizando la propuesta, atendiendo a que es un problema muy complejo, y aclaró que aun no cuentan con dictamen, ya que solo fue una reunión informativa por el momento.
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“Este es un tema muy complejo, por eso establecimos una mesa de trabajo para poder analizar qué se puede hacer y cuáles son las alternativas de solución. Las quejas de los vecinos del barrio Las Mercedes son justas, así como son legítimas las manifestaciones que realizan los hermanos indígenas”, indicó.
Agregó que estarán buscando una solución en el corto tiempo e inmediato para la comunidad. Indicó que por ahora solo tuvieron una reunión informativa sobre este tema, ya que varios miembros de esta comisión no pudieron asistir, y no se pudo sacar ningún dictamen.
Por otra parte, informó que los miembros de esta mesa de trabajo tienen previsto un viaje al Chaco entre los días 9 y 11 de mayo hasta el departamento de Presidente Hayes, para monitorear los trabajos, y recabar las inquietudes de las comunidades indígenas.
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Senado: avanzan en estudio para actualización de la Ley Antidroga
El presidente de la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, senador Sergio Rojas, informó sobre la audiencia pública que llevaron adelante en la fecha en torno al proyecto de ley de modificación de la Ley 1340/88, Antidroga.
El parlamentario explicó que atendiendo que esta legislación ya data de la década del 80 del siglo pasado, desde la comisión asesora plantean varias modificaciones a la legislación vigente, entre ellas la posibilidad de despenalizar la marihuana. Mencionó que esperan tener el proyecto de ley ya terminado y dictaminado en un mes.
“Este tema lo estamos abordando en forma integral, en esta audiencia han participado representantes del Ministerio de Salud Pública, que atienden la parte de la rehabilitación de las personas adictas, con gente del Ministerio Público, así como la gente del Consejo Nacional de Defensa, Dinavisa, que se encarga de habilitar los fármacos de drogas permitidas. Y la gente de la Senad, que se encarga de la lucha propiamente contra el narcotráfico”, precisó Rojas.
Añadió que también están formando parte de la mesa de trabajo, miembros de la Policía Nacional y Defensa Pública, que son los que ejercen la defensa de las personas más vulnerables que cayeron en el flagelo de las drogas, así como representantes de la sociedad civil.
“Por supuesto que dentro de este debate también estamos analizando la posibilidad de despenalizar la marihuana, debatir un poco sobre la cantidad de gramos que hoy la ley habilita que son 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, y otras sustancias; que sabemos que igualmente estas cantidades se van modificando a nivel mundial, sobre el consumo de drogas; que sabemos que no solo se limita a estas, sino que también las drogas sintéticas”, comentó.
Respecto a la legislación vigente, que data del año 1988, por tanto, está bastante desfasada en la actualidad, por lo que la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y delitos Conexos, están planteando la modificación integral de la legislación.
“Por eso, llevamos adelante este debate a fin de que el proyecto de ley a ser aprobado tenga una buena redacción por ello, estamos dando mucha participación a diferentes sectores, ya sean jueces especializados, agentes de combate de las drogas, fiscales, y por supuesto profesionales de la salud y la sociedad civil en general. Esperamos contar con un producto final en un mes”, concluyó.
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Senador Carlos Núñez pidió más equipamiento a la Policía
El senador Carlos Núñez instó al Gobierno a equipar y proveer armas a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y los hechos delictivos, como los que se registraron el pasado fin de semana en la ciudad de Natalio, departamento de Itapúa, con el asalto tipo comando a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF).
“El Gobierno Nacional tiene que equipar a la Policía Nacional, tiene que dar las herramientas necesarias, no puede un policía estar con una pistolita custodiando un banco, custodiando una financiera con una pistolita, mientras que los delincuentes se bajan entre 8 o 10, con ametralladoras”, dijo el senador Núñez.
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El legislador propuso que las armas incautadas, como de narcotraficantes, sean distribuidas en las filas policiales, para equiparar el poder de fuego de los delincuentes y la Policía, en ese tipo de atracos.
“Tenemos suficientes armamentos que fueron decomisados, armas largas que fueron decomisadas a los narcotraficantes y, ¿por qué el presidente de la República no ordena a su ministro que se reparta a la Policía Nacional?”, refirió.
Mientras tanto, se refirió a la utilización de las Fuerzas Militares para el apoyo en la lucha contra la inseguridad, y expresó su postura de desacuerdo. “De igual a igual tiene que ser, no puede ser. La seguridad de la República del Paraguay está en manos de la policía, no podemos dejar en manos de los militares, los militares tienen otra función”, sentenció.
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Autoridades de justicia y fuerzas públicas buscan implementar acciones en políticas criminales
Este martes se desarrolló una reunión entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el ministro del Interior, Enrique Riera, en el marco de la implementación de las acciones de políticas criminales. El objetivo es buscar destrabar y acelerar los procesos judiciales y un trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas en la justicia.
La ministra de la Corte, Carolina Llanes, explicó que con esta reunión se reactivó la cumbre de poderes, con el objetivo de definir los procesos, de manera a que todo el sistema pueda desarrollarse con fluidez y los resultados puedan ser positivos.
“Retomamos la cumbre de poderes que fuera realizada a inicio de la asunción del gobierno del presidente Santiago Peña, a los efectos de poder definir primeramente las líneas de política criminal del Estado paraguayo y establecer las estrategias y las acciones a los efectos de poder cumplir con los objetivos que hemos definido”, indicó tras la reunión.
El ministro del Interior, Enrique Riera, por su parte explicó que se solicitó esta reunión a fin de hablar de los temas que ocupan a estas instituciones. “La Policía es auxiliar de la justicia, en tanto la justicia pueda funcionar coordinadamente, tanto el sector que de alguna manera representa a la sociedad, sostiene y acusa, como los que juzgan”, apuntó. Detalló que la idea es, en el corto plazo, incorporar una mesa interinstitucional en el marco de la seguridad y la justicia, con compromisos puntuales que serán incluidos en el transcurso del desarrollo de la mesa de trabajo.
“También la idea es, en el corto plazo, incorporar e intentar, amparado con ese documento original, que nazcan otros compromisos más puntuales que sería como una mesa interinstitucional por la seguridad y la justicia, en la cual estaría la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior”, expresó.
La ministra dijo que este tipo de reuniones se irán dando periódicamente, también con reuniones rotativas para continuar con este trabajo coordinado e identificar los problemas estructurales de la justicia. A su vez, el fiscal general, Emiliano Rolón, indicó que “la respuesta rápida es que hay intención en el sistema de justicia penal, esencialmente, en las reacciones rápidas en la necesidad de contar con mayor eficacia en la perspectiva de tener mayor operatividad”.
Además de ir formulando entre las instituciones acuerdos y convenios para dar respuesta rápida a la ciudadanía. “La acción concreta es la necesidad de ir formulando acuerdos, convenios marcos, a instalar para que precisamente esa actividad coordinada sea percibida por la comunidad y también por los medios de prensa, que son los vectores y también los informantes de todo lo que sucede”, sentenció.
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