Los agentes fiscales Marcelo Pecci y Sussy Riquelme apelaron la decisión de la jueza Lici Teresita Sánchez, quien otorgó prisión domiciliaria a Patricia Ferreira, imputada por los hechos de contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal. Además, solicitaron la nulidad de las medidas alternativas a la prisión que también fue concedida a Nidia Godoy.
Los fiscales alegan que siendo una causa tan importante y habiendo estado tanto tiempo pendiente la orden de captura de la señora Patricia Ferreira, la misma se presentó inesperadamente y se le citó a la Fiscalía 11 minutos antes de que inicie la audiencia de Ferreira y 26 minutos antes de la de Godoy. Además, por resolución judicial fue declarada en estado de rebeldía por su falta de sometimiento a la Justicia.
En ese sentido, el Ministerio Público ha señalado que se cercenaron sus derechos como parte del proceso, teniendo en cuenta la gravedad de la causa que se investiga y, por otro lado, con el agravante de que la procesada estaba con orden de captura y fue incluso declarada en estado de rebeldía.
Tras la investigación, según denuncia formulada, la empresa paraguaya Insumos Médicos, Imedic SA, cuya titular es Patricia Ferreira, y Nidia Godoy, directora titular de la misma empresa, habría utilizado facturas falsificadas de la multinacional brasileña Eurofarma, a fin de falsear el verdadero origen de los medicamentos y obtener los permisos para importar y comercializarlos sin ningún tipo de control. Estas facturas serían de los años 2018 y 2019.
El abogado José Almada, en representación de la multinacional brasileña Eurofarma Laboratorios, confirmó que amplió la denuncia inicial hecha por la empresa ante el Ministerio Público contra personas innominadas, por la aparición de nuevas facturas falsificadas de la empresa que representa. A estas denuncias se sumó la realizada por congresistas de nuestro país.
La imputada Ferreira había presentado recusación contra el agente fiscal Marcelo Pecci a fin de apartarlo de la causa, pero fue confirmado por la fiscala general del Estado para seguir interviniendo en la investigación.