La jueza penal Elsa María García informó al Ministerio Público sobre la fijación del juicio oral y público sobre el caso de la supuesta fabricación de bom­bas molotov en la sede del Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA), para el jueves 12 de noviembre a las 7:00. En la causa están procesados cuatro liberales efrainistas, quienes fueron identificados a través del circuito cerrado de la sede partidaria, imputados por la violación a la Ley 4036/10 de portación y tenencia de armas.

Al respecto, el fiscal adjunto de la causa, Rodrigo Estigarribia, confirmó a La Nación la recep­ción del oficio judicial notifi­cando sobre la nueva fecha del inicio del juicio oral y público sobre la presunta fabricación de bombas molotov. Recordó que la causa ya debió haberse realizado en febrero de este año, pero, la defensa había presentado una acción dila­toria y solicitó la posterga­ción del juicio oral.

Rodrigo Estigarribia.

Cabe recordar que los impu­tados en esta causa son Luis Osvaldo Sánchez González, Stiben Patrón, Brian Este­ban Martínez Jara y Rubén Moisés Galeano Cáceres, acu­sados por el fiscal de la Uni­dad Especializada de Hechos Punibles Contra la Seguridad y Convivencia de las Perso­nas, Eugenio Ocampos, por la comisión del hecho puni­ble de fabricación ilícita y hechos conexos, establecidos en la Ley 4036/10 de armas de fuego, sus piezas y componen­tes, municiones, explosivos, accesorios y afines.

Para la Fiscalía, los impu­tados supuestamente fabri­caron bombas molotov en la sede del del directorio del PLRA el 31 de marzo del 2017, las mismas que apa­rentemente fueron luego utilizadas para incendiar el Congreso Nacional. Según refiere la acusación de la Fiscalía, los ahora juzgados habrían ingresado a la sede del PLRA con varias bote­llas que contenían, cada una, en su interior líqui­dos inflamables de color rosado (querosén o alco­hol) en algunos casos con mechas, en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del 2017.

Las bombas caseras habrían sido distribuidas en el interior del PLRA, de acuerdo a las imágenes a las que accedió la Policía Nacional.

De acuerdo al material que accedió y publicó el diario Hoy digital, la imputación fiscal estaría sustentada en el informe elevado al direc­tor de Apoyo Técnico de la Policía Nacional, y la jefatura del Departamento de Inves­tigación de Delitos de la Poli­cía Nacional, en la que se dejó en evidencia cómo se prepa­raron las bombas molotov en la sede del PLRA, entre la noche del 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, y quiénes serían los responsables.

El documento destaca que las pruebas fueron conside­radas con base en las imá­genes del circuito cerrado proveído a la Policía por la Fiscalía, específica­mente por la agente Lorena Ledesma, en el marco de la investigación del asesinato de Rodrigo Quintana.

“Tras la visualización y descripción de dichas gra­baciones, surge de manera precisa la hipótesis y pre­sunción de que personas que ya fueron debidamente identificadas a través de la base de datos de la Policía Nacional, en informes ante­riores elevados a la Unidad Penal interviniente, y otras que aún no fueron identifi­cadas, se encontraban en el local del PLRA con elemen­tos de características simi­lares a botellas con líqui­dos inflamables y trozos de telas o mechas, compuestos requeridos para la elabora­ción de bombas incendia­rias denominadas molotov o cóctel de molotov”, reza el reporte.

Incendiarios solicitaron asilo político al Uruguay 

Meses después de la quema del Congreso cuatro de los imputados huyeron del país alegando que no sentían garantías en la Justicia paraguaya.

Pese a la imputación en contra de los cuatro liberales identi­ficados como supuestos res­ponsables de la fabricación casera de bombas molotov en la sede del Partido Libe­ral Radical Auténtico la noche del 31 de marzo del 2017, dos meses y medio después, solici­taron asilo político en Monte­video, Uruguay, asegurando que no tenían garantías para responder al proceso judi­cial en el país. Los sindicados fueron Brian Martínez Jara, Rubén Moisés Galeano Cáce­res, Osvaldo Daniel Aquino Notario y Luis Osvaldo Sán­chez González, quienes huye­ron al Uruguay.

Inmediatamente el agente fiscal Hernán Galeano requi­rió la captura internacional –como paso previo al pedido formal de extradición– de los ciudadanos paraguayos. El representante del Minis­terio Público libró oficio a la Interpol O.C.N. con el objeto de solicitar la captura inter­nacional de los referidos ciu­dadanos. En agosto del 2018, el juez Gustavo Amarilla sobreseyó definitivamente a Osvaldo Daniel Aquino Notario.

En tanto que el juez Alcides Corbeta decretó la captura internacional de dos liberales sindicados de fabricar bom­bas molotov para la quema del Congreso del pasado 31 de marzo del 2017, en setiem­bre de ese mismo año. Además, pidió la extradición de los sospechosos, quienes se encuentran en Uruguay en carácter de refugiados.

No obstante, los cuatro libe­rales que huyeron al Uruguay volvieron bajo estrictas medi­das de seguridad establecida por el directorio del PLRA, en la madrugada del jueves 4 de enero, para someterse a la Justicia paraguaya. Los cua­tro imputados llegaron en un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Petti­rossi, y de ahí fueron escol­tados hasta el Poder Judicial.

Dejanos tu comentario


Encuesta finalizada
¡Gracias por participar!

Click para votar