En medio de la provi­sión de insumos médi­cos para el Ministerio de Salud para el combate al coronavirus o covid-19, las empresas del clan Ferreira metieron de manera ilegal 50 camas, que con la com­plicidad de funcionarios no fueron declaradas en Adua­nas, por lo que fueron pro­cesados por contrabando, asociación criminal y pro­ducción de documentos no auténticos. A la par, tam­bién fueron imputados Car­los Alberto Gamarra Gonzá­lez, despachante de Aduanas; Guillermo Andrés Molinas Camp, Gustavo Adolfo Acosta Acosta y Mario Joel Olmedo Pacuá, funcionarios de Adua­nas, todos por producción de documentos no auténticos y contrabando.

Igualmente fue imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos Lauri Marcio Pohl Kleinpaul, presidente y agente de trans­porte de la empresa Exim­cargo Paraguay SA.

Para los fiscales del caso, Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, existen sufi­cientes elementos de un eventual esquema delictivo para defraudar al Estado paraguayo.

Según el documento de la imputación, la firma Insu­mos Médicos SA fue adju­dicada el 3 de abril pasado para la provisión de mate­riales hospitalarios para el combate al covid-19, con un contrato de 47.952.500.000 guaraníes, para la importa­ción de 1.700.000 mascarillas por valor de 38.660.000.000 de guaraníes, además de 80.000 trajes de protec­ción para riesgo biológico por 14.800.000.000 y 50 camas manual para pacien­tes por 212.500.000 guara­níes. Todos provenientes de China. La firma del con­trato fue hecha por Patricia Ferreira, como representante de la mencionada empresa.

Para el daño patrimonial al Estado, los agentes fis­cales mencionan que dicho esquema delictivo estaría diseñado a través de figuras legales, administrativas, con el fin de lograr el ingreso irregular al territorio nacio­nal de mercaderías que no contaban con los registros correspondientes para su nacionalización y posterior comercialización.

Justo Ferreira fue impu­tado por ser apoderado de la firma Insumos Médicos SA y Patricia Ferreira como representante de la mencio­nada firma. Ambos sabían y tuvieron una participación activa en todo el proceso de negociación, de adquisición y traslado de los insumos.

Fue en la inclusión del sis­tema Sofía que se descubrió que se pretendió hacer pasar 50 camas de más, omitiendo todas las documentaciones correspondientes, por lo que se realizó la denuncia ante el superior y se solicitó el depó­sito por una eventual pérdida o comiso de dichas mercade­rías por existir sospechas de contrabando.

Según el escrito de imputa­ción, Guillermo Andrés Moli­nas Camp, Gustavo Adolfo Acosta y Mario Joel Olmedo habrían actuado en conni­vencia con los representantes de la empresa Insumos Médi­cos SA y Eximcargo Paraguay SA para lograr la regulariza­ción documental en cuanto al ingreso de las menciona­das camas hospitalarias, sin tener el registro sanitario correspondiente.

El juez José Delmás salió sorteado para entender en el caso de imputación por contrabando y otros delitos contra el empresario Justo Ferreira, su hija y otras per­sonas más por los insumos médicos chinos que intenta­ron comercializar al Estado.

Cabe recordar que el clan Ferreira se adjudicó contra­tos por valor de G. 85.000 millones en el marco de la pandemia a través de sus fir­mas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA que fueron cancelados en su tota­lidad por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por incumplimiento del proveedor.

Salud otorgó un anticipo de G. 17.000 millones que hasta ahora no recuperó, que suma­dos a otros pendientes de cobro en total la asegura­dora Patria SA de Seguros y Reaseguros debería devolver G. 25.500 millones al Minis­terio de Salud Pública. Sin embargo, hasta ahora no se sabe de avances, porque la firma de seguros pidió más documentos y dilata el des­embolso.

Pese a que la propia Contra­loría General de la República (CGR) evidenció en una audi­toría el direccionamiento de la adjudicación, sobrefactu­ración, así como el blindaje de multas a los proveedores mediante la demora en la emisión de órdenes de com­pra, hasta ahora no se sabe de sanciones a funcionarios de Salud.

El director de Insumos Estratégicos, Nery Rodrí­guez, es el administrador del contrato y el que dilató órdenes de compra, pero el mismo sigue en el puesto de confianza otorgado por el ministro Julio Mazzoleni.

Desde abril pasado ya habían brindado detalles sobre las supuestas empresas de maletín que lograron importantes adjudicaciones con el Estado.

Desde principio de abril de este año, en el programa “Dos en la Ciudad”, condu­cido por Gustavo Velázquez y Clari Arias, emitido por GEN y Universo 970 AM, ya habían comenzado a hablar de los “nuevos ricos que trajo el covid-19”. Es así que ese 13 de abril, ambos conducto­res brindaron detalles sobre los nexos de las presuntas “empresas de maletín” vin­culadas al clan Ferreira.

Al respecto, informaron que Justo Ferreira es proveedor del Estado y en específico del Ministerio de Salud Pública. Indicaron que inicialmente era empleado de QUINFA (Química Farmacéutica), que luego fue despedido. Asimismo, confirmaron la denuncia que había hecho el diputado de la bancada Haga­mos, Carlos Rejala, en la que señala que Justo Ferreira es supuestamente empresario a través de prestanombres y testaferros de varias empre­sas, al igual que su hija Patri­cia Ferreira Pascottini es dueña de Imedic SA, su hijo Marcelo Rubén Ferreira es representante de Eurotec SA.

“El nombre Justo Ferreira aparece vinculado a varias empresas en el portal de Contrataciones Públicas, por ejemplo, Flower Solu­cion SA, con 61 adjudica­ciones, que representan Justo Ferreira Servín, Euse­bio Retamozo González y Gladys Mabel Scarpellini”, mencionaron.

En tanto, señalaron que Insumos Médicos Inme­dic SA tiene un total de 126 adjudicaciones del sis­tema público, represen­tantes legales Patricia Bea­triz Ferreira y Nidia Godoy Ferreira. Eurotec SA tiene 94 adjudicaciones, misma dirección que Imedic, repre­sentante legal Marcelo Rubén Ferreira Pascottini hijo de Justo Ferreira.