El abogado penalista Juan Sosa Bareiro lamenta que a más de tres años de la quema del Con­greso Nacional, el Ministe­rio Público tenga cajoneada esta causa, sin que se llegue a los responsables intelectua­les, de uno de los hechos más trascendentales de la histo­ria democrática del Paraguay.

El abogado había patrocinado la denuncia presentada por un grupo de senadores, del período anterior, que se vie­ron perjudicados material­mente por la quema de sus respectivos despachos, donde no solo perdieron importan­tes documentaciones legis­lativas, sino también varias pertenencias personales, obras de arte y mobiliarios en general, debido al incen­dio que consumió gran parte de la Cámara Alta.

Indicó que en ese momento la denuncia que presentaron a la Fiscalía acompañaron con material fotográfico y de video, con toda la documenta­ción correspondiente. “Las­timosamente, el Ministerio Público, todas estas denun­cias las tiene archivada y hasta ahora no le han dado una solución”, sostuvo.

En ese sentido, Sosa Bareiro recordó que la denuncia que presentaron días posterio­res al 31 de marzo del 2017 ya habían alegado, lo que hoy a todas luces ya se sabe, de que existió realmente un grupo organizado que apro­vechó un descontento ciuda­dano para generar zozobras y daños patrimoniales. “Ya en ese entonces habíamos dicho que la quema del Congreso no fue un producto casual, fue algo provocado y con una intención de generar daño”, sostuvo.

El abogado señaló que hubo imputados respecto a la quema del Congreso Nacio­nal, pero solo fueron algunos actores de segundo rango. “Los verdaderos autores intelectuales, políticos, que fueron los que azuzaron a las masas, y los que realmente orquestaron y organizaron el asalto, nunca fueron investi­gados”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que su equipo jurídico realizó una investigación profunda para presentar las eviden­cias del caso. Al respecto, señaló que al poco tiempo se habían imputado algunas personas, como esa persona que fue captada por la prensa saliendo con el plasma del Congreso. Recordó que esa misma persona había dicho en su declaración que fue contratada estando en la can­cha de Resistencia, de la Cha­carita, y que le habían pagado para hacer los destrozos.

“Eso nunca se investigó y eso quedó siempre en el oparei, y lastimosamente el Minis­terio Público nunca hizo lo que debería haber hecho, ya por cuestiones políticas que hizo que la Fiscalía nunca se mueva”, sostuvo.

El letrado sostiene que la quema del Congreso Nacio­nal ha sido muy politizada, donde la presión política fue mucho más fuerte que la investigación que correspon­día. Como reflexión, el abo­gado resaltó que de todos estos hechos, no debe que­dar simplemente en los auto­res materiales del momento. Como querellante pide que la investigación del Ministe­rio Público llegue a los auto­res morales de este acon­tecimiento nefasto para la democracia paraguaya.

“Muchos políticos irrespon­sables que cobardemente azuzaron a las masas, y des­pués se escondieron y deja­ron que sean esas masas las que reciban las conse­cuencias. Tenemos que lle­gar alguna vez a los auto­res morales, políticos que pateaban a los policías, polí­ticos que tiraban basuras a los cascos azules, políticos que gritaban y actuaban de barras bravas y de patote­ros. Contra esos es lo que tenemos que ir y no contra los autores ya materiales de segundo o tercer rango. En algún momento, la investi­gación tiene que hacerse en forma y buscar quiénes fue­ron los que realmente orques­taron”, sentenció.

Asimismo, lamentó que la investigación de la Fiscalía no se enfoca en estos temas, porque la política está siem­pre secuestrando a la Justicia. “La Justicia no puede trabajar porque el poder político mete la mano las veces que nece­sita, para uno u otro lado. Sin importar los colores, cuando los políticos meten la mano en la Justicia, hacen lo que quie­ren, y es por eso que la Justicia muchas veces no funciona”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que el 31-M existió una manifes­tación ciudadana legítima, pero fue aprovechada por delincuentes que en forma de banda organizada quisie­ron hacer disturbios para aprovechar políticamente. “La sociedad necesita saber qué pasó el 31-M, sin ningún fanatismo, sin ningún sector político sea beneficiado, ni sea perjudicado. La verdad de lo que pasó alguna vez tenemos que saber, para que nunca más se repita”, concluyó.

Uno de los legisladores que promovió esta demanda contra persona innominada por la quema del Congreso fue el ex sena­dor colorado Nelson Aguinagalde, que hoy, a más de tres años del hecho, lamentó que la Justicia no haya logrado condenar a al menos un responsable material, ni intelectual del ataque al edificio de un Poder del Estado. Sostuvo que lastimosamente este no es el único caso que la Justicia deja cajoneado, más aún cuando el hecho tiene tinte político.

Aguinagalde señaló que este es el ejemplo de muchísimos expe­dientes que quedan varados en el Poder Judicial, y que no tiene seguimiento. El ex legislador señaló que junto con otros colegas habían promovido esta denuncia, más allá del hecho de haber perdido materiales personales, lo hicieron porque se trató de un ataque a un Poder del Estado.

“Lastimosamente, acá si el propio interesado no le da seguimiento al proceso, la causa no avanza. El Ministerio Público no lleva adelante una investigación de oficio, porque es político. Entonces, cada uno espera a ver hacia qué lado sopla el viento favorable, y si afecta a los que interesa que queden vinculados en el caso, y si no, que se quede nomás ahí durmiendo el sueño de los justos”, manifestó.