El abogado Ricardo Preda, defensor del senador colorado Javier Zacarías Irún y de la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, rechazó que la jueza Cinthia Garcete haya ido en contra de lo estipulado por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la causa de desfalco en las arcas municipales de Ciudad del Este.

“Me quiero referir al proceso que se le sigue al señor Irún y la señora McLeod, en el cual ambos fueron sobreseídos y la Fiscalía promovió una ape­lación. Esta defensa recibió la notificación de la apelación el jueves, sin embargo, algunos medios ya venían publicando el contenido de la misma desde ese mismo día. Aparen­temente la Fiscalía, cuando presenta ahora una apela­ción también le gira copia a los medios de comunicación, parece que ahora necesitan que sus planteamientos sean patrocinados por la prensa”, indicó.

Preda cuestionó que el Ministerio Público recu­rra a los medios de prensa para “sostener lo insosteni­ble” ante una pésima acu­sación. Las declaraciones del letrado surgieron ante la publicación del diario Abc que alega que la jueza Gar­cete Urunaga fue de contra­mano a lo que establece la máxima instancia judicial para implementar un crite­rio jurídico para anular par­cialmente la investigación del Ministerio Público. “Es falso que la jueza contradijo a la Sala Penal, como dice un medio de prensa, porque no se trata de los mismos asun­tos, son cuestiones distin­tas. Para comparar los fallos deben leer in totum ambos fallos y segundo tener la capacidad de comprender qué es lo que dice cada uno de los fallos”, manifestó.

Las declaraciones de Preda se dieron durante una conferen­cia de prensa, en la que cues­tionó la apelación realizada por el Ministerio Público en la causa, sosteniendo que en el escrito se puede visuali­zar una “supina ignorancia”. “Cuando uno lee la apelación de la Fiscalía demuestra una supina ignorancia acerca de la función del Tribunal de Cuen­tas al señalar que la rendición de cuentas es para la munici­palidad y no establece res­ponsabilidades persona­les. Definitivamente esto es absurdo porque si eventual­mente el Tribunal de Cuen­tas considera que hubo un perjuicio patrimonial, quien debe devolver los fondos es el intendente que está rindiendo cuentas, así que definitiva­mente la Fiscalía al creer que quien debe devolver los fondos es la municipalidad, demues­tra una ingenuidad y descono­cimiento en derecho adminis­trativo”, afirmó.

El pasado mes Garcete anuló en forma definitiva la acusa­ción de lesión de confianza contra el parlamentario y en forma provisoria contra su esposa, en la causa de lesión de confianza.

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