La Comisión Bicame­ral de Control de Gas­tos, creada por la Ley de Emergencia para la lucha contra el covid-19, presidida por el senador Amado Floren­tín, dio un informe del trabajo realizado. En este sentido, el presidente de esta comisión señaló que del presupuesto de US$ 514 millones desti­nado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para “preparar” el sistema ante la pandemia, solo se ejecutó el 0,54%.

“Lo que más nos preocupa es que la Ley de Emergencia fue presentada por el Ejecutivo para fortalecer el sistema de salud y estamos encontrando que de los 514 millones de dólares presupuestados para el ministerio se utilizó el 0,54%, excluyendo el anti­cipo para esas dos empresas de las compras fallidas”, refi­rió Florentín ayer en confe­rencia de prensa.

Agregó que también preo­cupa que hasta el momento no se haya avanzado en el plan de preparar el sistema de salud con la provisión de insumos médicos e incluso camas de terapia intensiva, entre otros elementos. El parlamentario refirió también que de darse un pico alto de contagio y el sistema de salud colapsa, será responsabilidad exclu­siva del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

“Revisando los portales de Contrataciones Públicas no vemos un avance refe­rido a llamados de licita­ciones que vayan hacia ese fortalecimiento. Estamos en conocimiento de donaciones con las cuales estamos ple­namente de acuerdo, pero si se disparan los casos y se da un colapso social, gran parte de la responsabilidad será del ministro de Salud Pública y Bienestar Social”, sentenció.

El senador Stephan Rasmus­sen también mencionó que en este momento le preo­cupa la baja ejecución de un presupuesto de emergencia que, en teoría, debió servir para los primeros meses de la pandemia.

“Hubo licitaciones por más de 150 millones de dólares, pero por 140 millones de dólares se cancelaron. Según algu­nos controles que realizó la bicameral, prácticamente no hay licitaciones en curso tam­poco, entonces hay más de 510 millones de dólares dis­ponibles en el Ministerio de Salud”, cuestionó el senador. Asimismo, detalló que actual­mente existen aún más de 830 millones de dólares sin eje­cutar y específicamente en el Ministerio de Salud.

Otro de los puntos señala­dos por Rasmussen fue el pedido de más préstamos, mientras que los otros US$ 1.600 millones aún no se han utilizado ni en un 50%. “Lo que más llama la atención es que el Poder Ejecutivo siga pidiendo más deudas, siendo que aún no ejecutó ni el 50% de la Ley de Emergencia, que en teoría era para dos a tres meses; ya pasaron esos tres meses y vemos muy lenta la ejecución del Poder Ejecu­tivo”, sentenció.

Paul Ojeda, director general de Control de Contrataciones de la Con­traloría General de la República, informó que hasta el momento no les consta que el anticipo que pagó el Ministerio de Salud Pública por la compra de insumos haya sido de vuelta. “Hasta la fecha, eso no está resuelto por parte del Ministerio de Salud. No consta que ese anticipo que el ministerio pagó haya sido recuperado, y ahí sí even­tualmente se podría hablar de un daño patrimonial”, precisó.

No obstante, señaló que el Ministerio de Salud está en trámite en este momento para la rescisión del contrato. “El ministerio asumió la rescisión del contrato, y esa rescisión tiene un trámite administrativo que está llevando adelante el ministerio, que dispone la aplicación de las cláusulas del contrato”, indicó.