El Poder Ejecutivo ins­talará mañana la mesa técnica con los sindi­catos para consensuar la pro­puesta respecto a la función pública y el servicio civil, la cual pretende establecer varios cambios en la estruc­tura del Estado.

La convocatoria está fijada para las 14:00, y se encuen­tra encabezada por el vice­presidente de la República, Hugo Velázquez. El objetivo del encuentro es presentar un proyecto de ley consen­suado entre los trabajadores estatales y el Gobierno. La propuesta será remitida a la Comisión Bicameral de Reor­denamiento de la Estructura del Estado, conformada en total por 11 diputados y sena­dores de diferentes partidos.

“La vía para encontrar el con­senso es con la paciencia de escucharnos entre todos. No existe otro secreto. Las sociedades que salieron ade­lante fueron las que supieron escuchar y hallar acuerdos en medio de diferencias”, dijo el segundo del Poder Ejecutivo.

Entre las innovaciones que tendrá la ley del servicio civil se encuentra el artículo que señala la vía de acceso a la función pública, indicando que el único modo será el con­curso. El proyecto prevé ade­más la duplicación de años para adquirir la estabilidad (a 4 años), condicionado a que el ingreso sea por concurso y evaluaciones objetivas de desempeño en las cuales, nin­guna debe ser deficiente, ade­más de aprobar un examen de conocimientos específicos a la función realizada. Esta futura ley busca establecer también la carrera del servi­cio civil, dando previsibilidad laboral y evitando los aumen­tos discrecionales.

A QUÉ SE DEBE EL LLAMADO OFICIAL

La instalación oficial de la mesa de trabajo surge tras la manifestación que se rea­lizó días atrás en la Costa­nera de Asunción en con­tra del proceso de reforma estatal bajo el argumento de que tenía como finali­dad el entreguismo, mani­festando incluso la des­confianza hacia Velázquez, quién junto al ministro de Hacienda, Benigno López, fueron designados por el pre­sidente Mario Abdo Benítez, para impulsar el proceso.

Afirmaron que detrás del pro­yecto que pretende el Poder Ejecutivo subyace la inten­ción de “privatizaciones sobre los recursos estraté­gicos del Estado, que deben ser puestos a la ciudadanía y no rematarse en el afán de grandes negociados, detrás de los que nuevamente están conocidos grupos políticos y económicos”, puntualizaron.

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