La Cámara de Sena­dores aprobó el pro­yecto de ley que busca alivianar las peni­tenciarías del país mien­tras dure la pandemia del covid-19, el pasado jueves. El senador Fernando Silva Facetti explicó que espera que Diputados pueda apro­bar las medidas plantea­das desde la Cámara Alta, a fin de reducir la población penitenciaria, otorgando medias alternativas de pri­sión a quienes están con pro­cesos pendientes, así como aquellos cuyas condenas no superen los 10 años.

La propuesta, que tiene media sanción y pasó a la Cámara Baja para su estudio y consideración, establece opciones excepcionales en la aplicación de medidas cau­telares de carácter personal y en la ejecución de sancio­nes penales en el marco del estado de emergencia ante el riesgo de la expansión del coronavirus dentro de los reclusorios penitenciarios.

Al respecto, el legislador liberal indicó que la pro­puesta es alivianar las cár­celes que ya están sobre­pasadas en su capacidad de reclusión, con excep­ción de aquellos que estén procesados o condenados por abuso sexual, violen­cia familiar, feminicidio, secuestros o vinculados al crimen organizado, los que estén en grado de tentativa de los mismos hechos puni­bles. Con lo cual, la medida fácilmente podría benefi­ciar a varios políticos que hoy están recluidos guar­dando prisión preventiva.

“El objetivo de la ley es pro­veer a las autoridades admi­nistrativas y judiciales de una herramienta que les permita alivianar las cárce­les, de aquellas personas que están privadas de su liber­tad, tanto condenadas, como aquellos con prisión preven­tiva, y que aún están con pro­cesos, de poder, siempre que cumplan ciertos requisitos, ser beneficiados con medi­das alternativas como la prisión domiciliaria, mientras dure la emergencia”, explicó el legislador.

Indicó que actualmente existe una situación compli­cada por la sobrepoblación penitenciaria que según los últimos datos, existen unas 15.000 personas privadas de su libertad, de las cuales, solo el 17% tiene una con­dena. Mientras que la capa­cidad real de las cárceles en el país es para 9.000 inter­nos. Además de ellos, en las comisarías están unas 1.000 personas, esperando tener un lugar en algún reclusorio para ser trasladadas.

Respecto a la condición de medida excepcional, el senador explicó que el otorgamiento de la prisión domiciliaria u otra medida alternativa será temporal mientras dure la situación de emergencia por covid-19. Una vez superada la pandemia, esas perso­nas volverán al reclusorio dependiendo del criterio y resolución del juez.

Actualmente hay varios políticos recluidos en penitenciarías del país por hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lesión de con­fianza, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, como los diputados oficialistas Ulises Quintana y Miguel Cuevas y el ex fis­cal general del Estado Javier Díaz Verón. Estos personajes podrían beneficiarse en breve con medidas alternativas a la prisión debido a la propagación del covid-19 en los reclusorios.

Con el avance en la sanción de la ley, sumado al reclamo de la minis­tra de Justicia, Cecilia Pérez, por el hacinamiento de las cárceles, esto tendría su lado riesgoso si es que no se toman las precauciones del caso, ya que podría ocurrir que delincuentes de guantes blan­cos, funcionarios procesados por corrupción y lesión de confianza apelen a esta alternativa.