El presidente Mario Abdo Benítez vetó por decreto parcial­mente solo dos artículos de la ley sancionada por el Congreso Nacional referente a los servi­cios prestados por la Ande y la Essap, pero no objetó el artículo primero de la citada norma, sobre la anulación de las fac­turas mal confeccionadas en perjuicio de miles de usuarios entre los meses de marzo, abril y mayo de este año en plena cuarentena sanitaria. Por esta razón, el Ejecutivo estaría pro­mulgando ese ítem en particu­lar que permitiría al ente regu­lador del sector eléctrico hacer las correcciones del caso.

Así lo dio a entender ayer el mismo presidente de la Admi­nistración Nacional de Elec­tricidad (Ande), Luis Villordo, quien en un diálogo con un canal de televisión local, explicó que el artículo 1° de la ley no fue vetado por Mario Abdo en su decreto del miér­coles 1 último, por lo que podría promulgarse y se procedería a la cancelación y anulación de las facturas emitidas entre marzo y junio de este año.

Ing. Luis Villordo, Ande.

No obstante, para que eso ocu­rra, la ley debe cerrar su circuito legislativo debido al veto par­cial de los artículos 2º y 4º, con la predisposición de ambas cámaras del Congreso Nacio­nal en la ratificación de su ver­sión original al menos en lo que respecta a ese artículo 1° de la ley, que dice textualmente: “La Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la Empresa de Servicios Sanita­rios del Paraguay SA (Essap) deberán cancelar y anular las facturas de los meses de marzo, abril, mayo y junio que no fue­ron emitidas en base a lectura de los medidores, en un plazo de treinta días a partir de la pro­mulgación de la presente ley, emitiendo una sola factura por los cuatro meses, de conformi­dad a la lectura de los medido­res, lo cual deberá ser fraccio­nado en dieciocho meses, que se sumarán a las facturas del con­sumo a partir del mes siguiente a la promulgación de la presente ley”. Inclusive, los legisladores podrían aceptar el veto parcial y ratificarse en el Art. 1º que el presidente de la República no objetó.

“La nueva factura sería con lecturas reales; se determina el promedio que se aplicaría a cada mes y se calculan en una sola factura la sumatoria total de todas ellas. Eso se va a poder pagar en cuotas”, señaló a Tele­futuro. De acuerdo a lo que dijo a este medio de información, aquellas que ya fueron abo­nadas y tienen reclamos por sobrefacturación serán refac­turadas, incluyendo los cua­tro meses en una sola boleta. En los casos en que los usua­rios ya pagaron hasta mayo o junio, las diferencias a favor se les aplicaría como crédito para las siguientes facturas.

Primeramente, objeta el artí­culo 2º porque considera que al establecer la prohibición de emitir facturas sin haber realizado la lectura del medi­dor propicia posibles situa­ciones de fraude o de evasión que imposibiliten la emisión de factura. Además, defiende el mecanismo utilizado para la facturación. “La estima­ción, a través de promedios, es un mecanismo reglado e implementado para calcu­lar los eventuales consumos no registrados por fuerza mayor”, expresa.

Mientras que el artículo 4º, donde se amplía la faja de con­sumo de 500 kWh/mes a 1.000 kWh/mes, fue vetado porque aumenta la cantidad de benefi­ciarios de 1.200.000 a 1.600.000 y duplica el periodo de exone­ración de 3 a 6 a meses, lo que representaría por todos los meses unos US$ 206 millones.

Además, argumenta que favo­rece de manera desproporcio­nada a los estratos de la pobla­ción con más altos ingresos, “distribuye de manera inequi­tativa los beneficios previstos, porque un usuario con con­sumo menor a 300 kWh/mes recibiría un subsidio promedio mensual de G. 50.000 y el que tiene 1.000 kWh/mes recibiría un subsidio promedio mensual de G. 440.000.

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Villordo será interpelado en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 1, en su sesión ordinaria, con una importante mayoría de 64 votos, el proyecto de declaración “Que cita e interpela al presidente de la Admi­nistración Nacional de Electricidad (Ande), Ing. Luis Villordo”.

El técnico es muy cuestionado por varios hechos irregulares, no solo por los legisladores, sino también por la ciudadanía y por los sindicatos más fuertes de la entidad que lidera. Entre las anomalías están las escandalosas sobrefacturaciones en plena pandemia por coronavirus, cuando la gente está más golpeada y necesitada que nunca. Los legisladores cuestionan además las inversiones en infraestructura eléctrica, así como las tratativas y planes dentro del marco de la renegociación del Tratado de Itaipú, entre otros aspectos.

El cuestionario fue elaborado por la Comisión de Asuntos Consti­tucionales y consta de unas 18 preguntas. En el debate se incluye­ron otras que se le enviará a Villordo para que responda en su com­parecencia ante el pleno en fecha que se fijará en la mesa directiva. “Será una buena oportunidad para explicar”, dijo Villordo.

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