El presidente Mario Abdo Benítez vetó por decreto parcial­mente solo dos artículos de la ley sancionada por el Congreso Nacional referente a los servi­cios prestados por la Ande y la Essap, pero no objetó el artículo primero de la citada norma, sobre la anulación de las fac­turas mal confeccionadas en perjuicio de miles de usuarios entre los meses de marzo, abril y mayo de este año en plena cuarentena sanitaria. Por esta razón, el Ejecutivo estaría pro­mulgando ese ítem en particu­lar que permitiría al ente regu­lador del sector eléctrico hacer las correcciones del caso.

Así lo dio a entender ayer el mismo presidente de la Admi­nistración Nacional de Elec­tricidad (Ande), Luis Villordo, quien en un diálogo con un canal de televisión local, explicó que el artículo 1° de la ley no fue vetado por Mario Abdo en su decreto del miér­coles 1 último, por lo que podría promulgarse y se procedería a la cancelación y anulación de las facturas emitidas entre marzo y junio de este año.

No obstante, para que eso ocu­rra, la ley debe cerrar su circuito legislativo debido al veto par­cial de los artículos 2º y 4º, con la predisposición de ambas cámaras del Congreso Nacio­nal en la ratificación de su ver­sión original al menos en lo que respecta a ese artículo 1° de la ley, que dice textualmente: “La Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la Empresa de Servicios Sanita­rios del Paraguay SA (Essap) deberán cancelar y anular las facturas de los meses de marzo, abril, mayo y junio que no fue­ron emitidas en base a lectura de los medidores, en un plazo de treinta días a partir de la pro­mulgación de la presente ley, emitiendo una sola factura por los cuatro meses, de conformi­dad a la lectura de los medido­res, lo cual deberá ser fraccio­nado en dieciocho meses, que se sumarán a las facturas del con­sumo a partir del mes siguiente a la promulgación de la presente ley”. Inclusive, los legisladores podrían aceptar el veto parcial y ratificarse en el Art. 1º que el presidente de la República no objetó.

“La nueva factura sería con lecturas reales; se determina el promedio que se aplicaría a cada mes y se calculan en una sola factura la sumatoria total de todas ellas. Eso se va a poder pagar en cuotas”, señaló a Tele­futuro. De acuerdo a lo que dijo a este medio de información, aquellas que ya fueron abo­nadas y tienen reclamos por sobrefacturación serán refac­turadas, incluyendo los cua­tro meses en una sola boleta. En los casos en que los usua­rios ya pagaron hasta mayo o junio, las diferencias a favor se les aplicaría como crédito para las siguientes facturas.

Primeramente, objeta el artí­culo 2º porque considera que al establecer la prohibición de emitir facturas sin haber realizado la lectura del medi­dor propicia posibles situa­ciones de fraude o de evasión que imposibiliten la emisión de factura. Además, defiende el mecanismo utilizado para la facturación. “La estima­ción, a través de promedios, es un mecanismo reglado e implementado para calcu­lar los eventuales consumos no registrados por fuerza mayor”, expresa.

Mientras que el artículo 4º, donde se amplía la faja de con­sumo de 500 kWh/mes a 1.000 kWh/mes, fue vetado porque aumenta la cantidad de benefi­ciarios de 1.200.000 a 1.600.000 y duplica el periodo de exone­ración de 3 a 6 a meses, lo que representaría por todos los meses unos US$ 206 millones.

Además, argumenta que favo­rece de manera desproporcio­nada a los estratos de la pobla­ción con más altos ingresos, “distribuye de manera inequi­tativa los beneficios previstos, porque un usuario con con­sumo menor a 300 kWh/mes recibiría un subsidio promedio mensual de G. 50.000 y el que tiene 1.000 kWh/mes recibiría un subsidio promedio mensual de G. 440.000.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 1, en su sesión ordinaria, con una importante mayoría de 64 votos, el proyecto de declaración “Que cita e interpela al presidente de la Admi­nistración Nacional de Electricidad (Ande), Ing. Luis Villordo”.

El técnico es muy cuestionado por varios hechos irregulares, no solo por los legisladores, sino también por la ciudadanía y por los sindicatos más fuertes de la entidad que lidera. Entre las anomalías están las escandalosas sobrefacturaciones en plena pandemia por coronavirus, cuando la gente está más golpeada y necesitada que nunca. Los legisladores cuestionan además las inversiones en infraestructura eléctrica, así como las tratativas y planes dentro del marco de la renegociación del Tratado de Itaipú, entre otros aspectos.

El cuestionario fue elaborado por la Comisión de Asuntos Consti­tucionales y consta de unas 18 preguntas. En el debate se incluye­ron otras que se le enviará a Villordo para que responda en su com­parecencia ante el pleno en fecha que se fijará en la mesa directiva. “Será una buena oportunidad para explicar”, dijo Villordo.