El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Antonio Buzarquis, se refirió al caso del hombre acusado de ser violador serial y peligroso delincuente que mantiene en una situación de zozobra a los pobladores de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

“Exigimos a la Policía Nacional resultados y que se le pueda capturar a este violador serial que tenemos en Coronel Oviedo, se desató una verdadera psicosis colectiva en la comunidad. Que se constituya en la zona un equipo élite y que se acabe esto”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

Actualmente ya se dictaron once órdenes de captura y se realizaron sendos allanamientos, pero llamativamente el sujeto sigue acechando a sus víctimas y la Policía no logró localizarlo. Las denuncias por coacción ya suman en total ocho.

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No obstante, los testimonios de las mujeres atacadas conducen a concluir que existe más de un autor material de las violaciones. Uno de ellos ya fue identificado y, de hecho, cuenta con otros antecedentes penales. Otra información que maneja el Ministerio Público es que los violadores no actuaron solos y que, otras personas se encargaban de actuar de campana, con la finalidad de impedir que el delito sea descubierto.

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“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.

“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.

Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.

Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.

“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.

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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.

Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.

“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.

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El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.

“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.

En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.

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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.

“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.

El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.

Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.

El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.

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• HOY.COM.PY

Una publicación del portal digital hoy.com.py indica que Cruzada Nacional, el PLRA, el Partido Encuentro Nacional (PEN), Hagamos y Patria Que­rida son los partidos que per­dieron representaciones en el Parlamento, luego de que legis­ladores quienes llegaron a sus bancas bajo dichas banderas decidieran abandonar sus res­pectivas nucleaciones para ir a otras, en algunos casos, o para ser independientes, en otros.

La fuga la inició muy temprano Cruzada Nacional, a través del diputado Jatar Fernández, quien al asumir ya advirtió que ni Paraguayo Cubas ni nadie le marcaría la agenda, decla­raciones que ya generaron los primeros conflictos internos, que luego terminaron por diez­mar el partido, aunque Fer­nández sostiene que sigue per­teneciendo a Cruzada.

El que también adelantaba su distanciamiento desde que juró en vez de Rafael Esqui­vel, alias Mbururu, fue Javier Vera, alias Chaqueñito, quien asumió semanas después del 1 de julio y, de entrada, ocupó el sector asignado a la ban­cada A de la ANR, para poste­riormente oficializar su salida y pase al Partido Colorado.

También presentó su renun­cia el diputado Miguel Mar­tínez. Lo hizo el 7 de setiem­bre durante la sesión de la Cámara Baja. En la ocasión anunció que crearía un “par­tido libertario” y que Para­guayo Cubas fue el mejor can­didato presidencial, pero que resultó “víctima del sistema”.

Para completar las bajas en Cruzada Nacional, las senado­ras Zenaida Delgado y Norma Aquino, alias Yami Nal, tam­bién renunciaron y, a la vez, fue­ron expulsadas. Ambas pasa­ron a carpas coloradas.

Por otro lado, en toldos libe­rales también se produjo una resta. El 29 de noviembre pasado, el senador Eduardo Nakayama comunicó su renuncia al PLRA, alegando que estaba harto de los libera­les leales al oficialismo. En la ocasión, anunció que crearía otro partido.

En cuanto al de por sí débil Partido Hagamos, el senador Patrick Kemper presentó su renuncia el 9 de marzo pasado y anunció su retorno a la ANR. Lo hizo durante la última con­vención colorada, donde le die­ron la bienvenida. Con esto, Hagamos quedó sin represen­tantes en el Senado y con un único sobreviviente en Dipu­tados, a través de Rubén Rubin.

Finalmente, la salida más reciente y la que también dejó sin representantes a una nucleación fue la renuncia de Orlando Penner a Patria Que­rida, quien habló de la nece­sidad de tener apoyo para los proyectos que desde un inicio planteó para el Chaco. Con su dimisión, la diputada Rocío Vallejo es la única parlamen­taria de Patria Querida, par­tido que en los últimos comi­cios perdió muchos escaños.

Las bajas de otros parti­dos que terminaron en altas para la ANR son: Javier Vera, Zenaida Delgado y Norma Aquino, alias Yami Nal, prove­nientes de Cruzada Nacional, Patrick Kemper, quien llegó a su banca a través de Hagamos.