En el caso de la querella por difamación pro­movida por la ex vice­ministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación, doctora Marta González Ayala, contra Natalia Zuccolillo y Juan Car­los Lezcano, directora y perio­dista de Abc Color, la apela­ción general presentada por la defensa de los acusados ha sido derivada a la Primera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal. Esta instancia está inte­grada por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo San­tander Dans y Gustavo Ocam­pos González. Santander sería familiar cercano de un cro­nista del área judicial del dia­rio, Carlos Benítez.

Cabe recordar que el abo­gado de la defensa, Rodrigo Yódice, había planteado el recurso contra los A.I. N° 57 y 58 dictados por el Juez Elio Ovelar, forzando con ello la suspensión del juicio oral y público que debía iniciarse la semana pasada. La primera de las decisiones judiciales ape­ladas por el abogado Yódice contenía el rechazo del pedido de postergación del inicio del juicio, y la segunda había rati­ficado la vigencia del conte­nido de la providencia firme y ejecutoriada de fecha 18 de marzo del 2020, por la que se dispuso el inicio del juicio oral y público que estaba marcado para el 16 de junio pasado, en la sala de juicios orales del Poder Judicial.

La defensa, en su escrito de apelación, insiste en que debe esperarse que vengan de Panamá los mismos datos e informaciones que según la querella ya están incorpo­rados al expediente; e invoca el covid-19, al señalar que “el señor juez se mantiene en que el debate sea en forma pre­sencial, cuando se trata de un proceso de acción privada que bien puede ser realizado a tra­vés de medios telemáticos, a fin de preservar la salud e integri­dad física de todos los sujetos procesales y terceros que debe­rán concurrir para la sustan­ciación de este juicio”.

En su escrito de contestación del recurso de apelación, el abogado querellante Jacinto Santa María manifestó con dureza que “la intención chi­canera de la defensa ha que­dado al desnudo” y subrayó que “la defensa técnica sabía ya el 18 de marzo del 2020 que había una providencia que fijaba por tercera vez la fecha de inicio del juicio para el 16 de junio último. También sabía que desde marzo existía en Paraguay el covid-19. Y, por supuesto, sabía –porque con esa intención diseñó la jugada– que el resultado de los exhor­tos enviados a Panamá ‘de nin­guna manera se producirá para el día de inicio del juicio’”, como el mismo abogado defensor lo señaló con toda seguridad en su escrito de pedido de pospo­sición del inicio del juicio.

“La defensa también sabía que ya el 7 de abril fue emitida la acordada 1373/20 de la Corte Suprema de Justicia. Pero sabiendo mucho antes que todo esto existía, arteramente cal­culó los tiempos y esperó hasta último momento para pedir la posposición, luego plantear la aclaratoria y finalmente pre­sentar el recurso de apelación en un momento en que ya no había tiempo para que con­cluyera antes de la fecha mar­cada para inicio del juicio, todo el trámite de notificación, tras­lado, contestación y pronun­ciamiento del excelentísimo Tribunal de Apelaciones”.