El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ade­lantó ayer que vetará la polémica ley sancionada por el Congreso Nacional, que cancela el pago de facturas de la Ande y Essap por un período de seis meses. Lo que no aclaró es si el veto será de manera total o parcial, ya que la misma prevé diferentes modalidades de aplicación.

El mandatario hizo el anun­cio desde Pilar, departa­mento de Ñeembucú, donde estuvo de visita para verificar la zona de obras de la cons­trucción de la defensa costera para la ciudad. Ante la con­sulta de los periodistas, Abdo Benítez asintió levantando el pulgar en señal de que vetará la mencionada ley.

Mario Abdo Benítez, presidente.

El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Natalicio Chase, y el de la Administra­ción Nacional de Electricidad (Ande), Luis Villordo, insis­tieron este fin de semana último, preocupados, en que no podrán afrontar con la financiación si la ley era promulgada tal como había sido aprobada. La imple­mentación de la ley implica­ría un descalce financiero de 306 millones de dólares solo para la institución provee­dora de electricidad del país.

SITUACIÓN DE VILLORDO

De entre los dos titulares de las principales empresas proveedoras de servicios del país, la situación de Villordo está bastante complicada, pues en el Congreso Nacional hay intenciones de llevarlo al banquillo para interpelarlo por las decenas de miles de sobrefacturaciones y otras denuncias que se dieron en un momento muy difícil para la gente. Se suma que en el entorno de Mario Abdo Bení­tez existiría un gran disgusto ya que estos reclamos en plena pandemia, referente a los excesos en las facturas de marzo, abril y mayo, agrega­ron un problema más al Eje­cutivo cuando tiene en frente otros más graves que afron­tar, principalmente acciones relacionadas con la cuestión sanitaria. Es más, se pro­dujo también en momentos en que había mucha presión por los hechos de corrupción en varias entidades públicas.

Según el ingeniero Villordo, la ley presenta serios pro­blemas técnicos y que ade­más irá en detrimento de los usuarios. “Nosotros no tene­mos los fondos, significa un descalce financiero de 306 millones de dólares. Y no nos apropiamos del dinero de la gente, eso automáticamente entra como un crédito”, dijo Villordo. Agregó que la Ande cuenta actualmente con una dotación de 363 lectores para la lectura de facturas correspon­dientes a unos 1.600.000 usua­rios, admitiendo que la canti­dad de personal es insuficiente.

RESPUESTA: LA LEY

No obstante, las argumenta­ciones de Villordo no satisfi­cieron a los usuarios ni a los partidos políticos represen­tados en el Congreso, de ahí la respuesta contundente con una ley que le obligará a solu­cionar el problema de raíz. La norma también garan­tiza el derecho al reclamo del usuario, ya que antes de pagar su factura podrá hacer el reclamo para que se solu­cione primero el inconve­niente. Además, establece exoneraciones según escalas.

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