El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, adelantó ayer que vetará la polémica ley sancionada por el Congreso Nacional, que cancela el pago de facturas de la Ande y Essap por un período de seis meses. Lo que no aclaró es si el veto será de manera total o parcial, ya que la misma prevé diferentes modalidades de aplicación.
El mandatario hizo el anuncio desde Pilar, departamento de Ñeembucú, donde estuvo de visita para verificar la zona de obras de la construcción de la defensa costera para la ciudad. Ante la consulta de los periodistas, Abdo Benítez asintió levantando el pulgar en señal de que vetará la mencionada ley.
El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Natalicio Chase, y el de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Luis Villordo, insistieron este fin de semana último, preocupados, en que no podrán afrontar con la financiación si la ley era promulgada tal como había sido aprobada. La implementación de la ley implicaría un descalce financiero de 306 millones de dólares solo para la institución proveedora de electricidad del país.
SITUACIÓN DE VILLORDO
De entre los dos titulares de las principales empresas proveedoras de servicios del país, la situación de Villordo está bastante complicada, pues en el Congreso Nacional hay intenciones de llevarlo al banquillo para interpelarlo por las decenas de miles de sobrefacturaciones y otras denuncias que se dieron en un momento muy difícil para la gente. Se suma que en el entorno de Mario Abdo Benítez existiría un gran disgusto ya que estos reclamos en plena pandemia, referente a los excesos en las facturas de marzo, abril y mayo, agregaron un problema más al Ejecutivo cuando tiene en frente otros más graves que afrontar, principalmente acciones relacionadas con la cuestión sanitaria. Es más, se produjo también en momentos en que había mucha presión por los hechos de corrupción en varias entidades públicas.
Según el ingeniero Villordo, la ley presenta serios problemas técnicos y que además irá en detrimento de los usuarios. “Nosotros no tenemos los fondos, significa un descalce financiero de 306 millones de dólares. Y no nos apropiamos del dinero de la gente, eso automáticamente entra como un crédito”, dijo Villordo. Agregó que la Ande cuenta actualmente con una dotación de 363 lectores para la lectura de facturas correspondientes a unos 1.600.000 usuarios, admitiendo que la cantidad de personal es insuficiente.
RESPUESTA: LA LEY
No obstante, las argumentaciones de Villordo no satisficieron a los usuarios ni a los partidos políticos representados en el Congreso, de ahí la respuesta contundente con una ley que le obligará a solucionar el problema de raíz. La norma también garantiza el derecho al reclamo del usuario, ya que antes de pagar su factura podrá hacer el reclamo para que se solucione primero el inconveniente. Además, establece exoneraciones según escalas.