La fiscala Esmilda Álvarez anunció ayer que convocará a una audiencia indagatoria a Ricardo Javier Portillo Martínez, hijo de la senadora Esperanza Martínez, sobre la violación de la cuarentena sanitaria. “Remití un oficio a Migraciones a fin de conocer la situación de la persona extranjera que está sindicada como una de las que habían estado en la embarcación de referencia. Él va a ser convocado una vez que esté liberado de la cuarentena a la que está sometido”, explicó la fiscala.
Sostuvo que el Ministerio Público tomó conocimiento sobre el caso a través de las publicaciones de medios de comunicación, que de momento ella considera extraoficiales y está recolectando más datos, referentes a la situación del hijo de la legisladora.
Indicó que está con las diligencias, solicitando antecedentes del caso, a través del Ministerio Público, de Relaciones Exteriores, recurriendo a los oficiales intervinientes en la ciudad de Clorinda, Argentina, en donde el joven fue demorado y luego expulsado por violar la cuarentena e ingresar de forma ilegal a territorio del país vecino.
“También solicité los antecedentes al juzgado que tuvo a su cargo la expulsión de estas personas de Argentina y a la Prefectura Naval, si se les otorgó permiso para realizar el viaje por el río Paraguay, porque necesariamente deben tener permiso para hacerlo”, agregó la fiscala del caso.
El joven fue capturado en la Argentina al ser descubierto en una pesca ilegal y violación de la cuarentena establecida por la emergencia sanitaria. En menos de 24 horas ya se consiguió su ingreso a nuestro país y actualmente se encuentra en aislamiento.
Su deportación se dio de inmediato, después de una llamada que su madre habría realizado al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor. Las otras dos personas demoradas y expulsadas son Sergio Javier Morel Franco y un canadiense de nombre Charles Fry Nathan.
Según el abogado y apoderado general del Partido Colorado, Eduardo González, por esta situación de su hijo y debido al llamado hecho al ministro Juan Ernesto Villamayor, la senadora Esperanza Martínez se expone a un proceso de pérdida de investidura.
Imputaron a padres que le emborracharon a hijo menor
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La Fiscalía formuló imputación contra los padres del niño al que dieron de beber alcohol hasta embriagarlo en la localidad de Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro.
Luego de la viralización del hecho, la agente fiscal Irma Arias finalmente decidió imputar a los padres del niño por el hecho punible de violación del deber del cuidado.
La acusación fue presentada luego de que haya tomado estado público el video en el que se observa a su hijo de 8 años de edad en completo estado de ebriedad.
Conforme a las evidencias recabadas por el Ministerio Público, se presume que este episodio habría ocurrido hace dos meses atrás en la vivienda familiar, ubicada en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Itacurubí del Rosario.
En aquella oportunidad, la madre de la víctima se encontraba en compañía de sus cuatro hijos menores participando de un juego de cartas junto con otras personas, incluyendo a algunos familiares. En un momento dado, la misma habría permitido que otro adulto le diera de tomar cerveza a su hijo de 8 años hasta dejarlo en completo estado de embriaguez, situación que fue filmada a través de un teléfono celular.
LOS PADRES CONSINTIERON
En las imágenes se aprecia que la madre, además de consentir el acto, no había hecho nada para asistirlo en ese momento. Por su parte, el padre del menor tenía conocimiento de lo ocurrido, pero tampoco habría auxiliado al niño, ni habría tomado medidas al respecto.
Senadora apelará resolución que la obliga a desbloquear de X a abogada
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Tras la resolución del juez Rubén Darío López, que obliga a la senadora Norma Aquino Yamy Nal a desbloquear de X a la abogada Alejandra Peralta Merlo; la legisladora adelantó que apelará esta resolución judicial. La parlamentaria sostiene que tiene potestad de restringir su cuenta a quien considere pertinente dado que ella no es fuente de información pública.
“Mañana estaríamos presentando el recurso de apelación. Un juez no puede desconocer la ley, el sentido de la misma y es claro yo no soy fuente de información pública, según lo que dice la Ley de Transparencia n.° 5282, entonces lastimosamente se debe subsanar el error cometido”, aseveró Aquino en conversación con La Nación/Nación Media.
Asimismo, añadió: “Si ellos se mantienen en esto que no está bien, voy a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”. Para la senadora, este fallo judicial deja un mal precedente puesto que obliga a los funcionarios públicos de cualquier jerarquía a someterse al amedrentamiento a través de redes sociales.
“Lo que hoy se produjo fue un adefesio jurídico que sienta un precedente horrible para la Justicia porque quiere decir que si de por ahí hay una persona que te está molestando en tu perfil personal, le tenés que aceptar y no bloquear porque de lo contrario te pueden hacer un recurso de amparo”, cuestionó.
Aquino recordó que hay una diferencia entre un perfil personal y una cuenta institucional, por lo que ella puede restringir sus redes sociales para ciertas personas si así lo desea. La senadora afirmó que se ceñirá a lo dispuesto por el juez y que desbloqueará momentáneamente a la abogada Peralta Merlo, esto en tanto se resuelve el recurso de apelación.
“Yo persisto en mi postura en que está equivocada esta señora, imagínense que esto se siente como jurisprudencia, esto atenta contra al derecho a la privacidad de las personas. Creo que es la primera vez que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inclusive periodistas de varios medios me han dado la razón por primera vez”, expresó.
Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
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La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
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Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Beneficiarios de Prieto no eran de Ciudad del Este
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
Una misma persona firmó por varias como beneficiaria de kits de víveres
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.