A la fecha, un total de cinco denuncias presentaron los legisladores de varias banca­das de la Cámara Baja, acerca de casos de corrupción res­pecto a licitaciones de com­pras de insumos y medica­mentos que se realizaron en el marco de la emergen­cia sanitaria covid-19. Ayer los legisladores ampliaron la denuncia que habían pre­sentado inicialmente, ahora basados en el informe de la comisión de control de gas­tos presidida por Arnaldo Giuzzio.

Este mismo grupo de parla­mentarios opositores pro­movió las investigaciones que terminaron con la can­celación de los procesos lici­tatorios para la compra de insumos de Salud Pública. En este marco, dan segui­miento a sus denuncias sobre la supuesta sobrefactura­ción con las mascarillas en la Dinac.

Se trató de una estructura de empresas adjudicadas por la Dinac pero que final­mente no prestaron servi­cios, así como la compra de agua tónica en Petropar, la adquisición de medicamen­tos falsificados traídos de la India sin respaldo y el escán­dalo de insumos médicos en Salud con Eurotec e Imedic. Ayer ampliaron la denuncia contra el MSPBS sobre la adquisición “fraudulenta” de los insumos chinos en pleno conflicto sanitario por el covid-19.

Al respecto, el diputado Sebastián Villarejo, del Par­tido Patria Querida, explicó que esta nueva denuncia tiene dos nuevos ejes, el primero se refiere a la pre­sentación del informe de Arnaldo Giuzzio. “La Fisca­lía, como un órgano consti­tucional, tiene que defender a la sociedad y tiene mayores facultades de investigación para, a partir de la determi­nación del ministro, definir qué otras cosas han ocurrido sobre el caso de las decenas de licitaciones que pueden tener derivaciones penales como sobrefacturaciones y otras cosas más”, sostuvo.

Por otra parte, el parlamen­tario señaló también que se debe determinar la cadena de implicancia en el pro­ceso de compra que involu­cra al polémico clan Ferreira. “Hay que seguir al dinero y con esto nos referimos a que debe realizar un estudio de trazabilidad en lo que res­pecta al pago de anticipos en la famosa compra de los medicamentos chinos. Que­remos saber sobre la exis­tencia de ese cheque, quién lo cobró, dónde se fue y ver de esa forma toda la cadena de implicancia en todo este sistema”, sentenció.

Desde el ministerio infor­maron que hasta ahora las empresas cuestionadas no devuelven el anticipo, a pesar de haberlo prometido, por lo que se recurrirá a la asegura­dora, la que deberá hacerse cargo del tema.

María Esther Roa, de la comisión “Escrache Ciudadano”, lamentó que la Fiscalía actúe rápido contra ciudadanos por protestar contra los saqueos en el Gobierno en plena crisis sanitaria, mientras que muchas autoridades de distintas instituciones públicas, involucradas en hechos de corrupción, ni siquiera fueron convocadas.

Muchos ciudadanos se expusieron la semana pasada a contagios del covid-19 y violaron el decreto presidencial que prohíbe la aglomeración de personas al congregarse frente al Panteón de los Héroes.

“En menos de 30 horas citó a activistas sociales a una declaración indagatoria y próximamente con seguridad seremos imputados por protestar contra los saqueos. Pero, ¿qué espera la Fiscalía para citar a una declaración indagatoria al ministro de Salud, al clan Ferreira y cuantos otros criminales de lesa humanidad responsables de los robos?”, sentenció.