La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo otorgó este viernes medidas alternativas a la prisión al ex contralor Enrique García, imputado por los delitos de producción de documentos y uso de documentos públicos de contenido falso, por no haber apelado un fallo arbitral que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur.
Las medidas que el ex contralor deberá cumplir son la prohibición de salida del país, así como cambiar de domicilio, además deberá comparecer mensualmente ante el juzgado para la firma del acta judicial y una fianza de G. 150 millones. La determinación se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo en el Palacio de Justicia, según el informe judicial.
Igualmente, el próximo jueves 18 de junio se realizará la audiencia preliminar, en la que se definirá si el ex contralor García enfrentará o no un juicio oral y público. La expectativa de pena es de hasta 5 años de cárcel. La diligencia judicial se realizará ante la magistrada Pedrozo. En el presente proceso penal están imputados además Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que el ex contralor.
El Ministerio Público inició la investigación en cuestión en el año 2016. El hecho fue investigado en principio como lesión de confianza por presunta omisión, ya que no se apeló la sentencia del tribunal arbitral que condenó al municipio de Asunción a pagar a la mencionada firma.
El hecho se pudo corroborar mediante decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Asunción, primera y quinta salas, que señala que la Municipalidad de Asunción no recurrió al fallo condenatorio que dispone abonar la millonaria suma de US$ 3,6 millones a la citada empresa en concepto de indemnización.
De acuerdo a los datos que se manejan, el entonces funcionario de la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna, Rodolfo Duarte, era presuntamente el encargado de presentar el escrito de apelación. En dicho documento se puso sello y firma de que el escrito fue recibido en la primera sala. Sin embargo, con pericias realizadas a los funcionarios de dicha dependencia judicial, la Fiscalía confirmó que la firma que aparece en el recibido fue falsificada.
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Antecedentes del caso Ivesur
En el 2016, la empresa Ivesur había demandado a la Municipalidad de Asunción por daños al no exigir a los automovilistas la inspección técnica vehicular (ITV) a vehículos que entraban a Asunción.
El hecho ocurrió en tiempo que Enrique García ejercía el cargo de asesor jurídico de la comuna. Ivesur ganó a la comuna la demanda de indemnización y la condena estableció el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización a la firma y G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso. Esta sentencia nunca fue apelada por García.
En noviembre de ese año, la directora de la Mesa de Entrada de Apelación y Tribunal de Cuentas, Marta Machuca, dijo que solo se registró una acción promovida por el abogado de la firma, Juan Ernesto Villamayor, por sus honorarios, y dejó en claro que la municipalidad no presentó ninguna acción posterior a la condena.