El proyecto de reordenamiento salarial presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional apunta a erradicar las asimetrías en materia de sueldos estatales, adelantó ayer la directora de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda, Viviana Casco. “Esta escala establece los niveles salariales de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada funcionario o director y regirá para todos los que vayan a entrar cuando se apruebe y reglamente la ley”, dijo Casco.
La funcionaria manifestó que como toda ley no será retroactiva, y no afectará a aquellos funcionarios que hoy estén ganando por encima de las responsabilidades que tienen. La irretroactividad legal, sin embargo, tendrá como contrapunto el hecho de que se congelarán los altos sueldos, esto es, que los beneficiarios no recibirán aumentos salariales, acotó, en diálogo con la radio Monumental 1080 AM.
La ley contempla la duplicación de los años para adquirir la estabilidad, de 2 a 4 años, condicionada a que el ingreso sea por concurso y evaluaciones objetivas de desempeño. Igualmente, los funcionarios que ingresen a partir de la vigencia de esta ley deberán aprobar un examen de conocimientos específicos a la función realizada, explicó ADN digital.
De esta manera, la legislación implicará la tan ansiada carrera del servicio civil, dando previsibilidad laboral y evitando los aumentos discrecionales. También limitará los cargos de confianza que podrán ser designados por las autoridades públicas.
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La propuesta de ley de la función pública y de la carrera del servicio civil fue presentada a la Comisión Bicameral de Reordenamiento Estructural del Estado el pasado 26 de mayo, que nació de la necesidad de realizar recortes a los gastos superfluos. El proyecto del Ejecutivo fue presentado por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el ministro de Hacienda, Benigno López, y todo el equipo técnico de la institución.
Con vistas a la reforma, se establecen nuevas disposiciones generales que serán aplicadas al sistema estatal de los funcionarios en todas las instituciones. “El documento tiene como objetivo asegurar un régimen del servicio civil en el sector público basado en la integridad, meritocracia, imparcialidad, eficiencia y productividad, que garantice el derecho de toda persona de recibir atención y servicios públicos oportunos y de calidad”, expresa el documento.