El titular del Congreso Nacional y del Senado, Blas Llano, comu­nicó ayer a sus colegas de la Cámara Alta que convoca a una sesión extraordinaria para el próximo martes 2 de junio, a las 9:00, con la finali­dad de escuchar el informe del Poder Ejecutivo sobre la utili­zación de los recursos econó­micos destinados para enfren­tar el conflicto sanitario por el covid-19. Es en el marco de la Ley de Emergencia que dis­puso el uso de hasta US$ 1.600 millones.

En horas de la tarde, el Con­greso remitió al Ejecutivo la nota por la cual informa sobre la sesión extraordinaria y solicita acudir en la ocasión al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, u otro representante de su adminis­tración. El llamado surge tras cumplirse ayer el período de 60 días que tenía el Gobierno para dar informes sobre la ejecución de los US$ 1.600 millones. Es decir, el presi­dente Mario Abdo Benítez se encuentra en falta.

En su Art. Nº 45 dice que el Poder Ejecutivo y los organis­mos del Estado que ejecuten los fondos previstos en la pre­sente ley presentarán cada 60 días, desde la promulgación de la misma, sus rendiciones de cuentas con un informe al Con­greso y a la Contraloría Gene­ral de la República, con toda la documentación de respaldo.

También refiere que las rendi­ciones de cuentas finales serán presentadas dentro de los 60 días de concluida la emergen­cia. “Para el efecto, la Contra­loría General de la República reglamentará el procedi­miento de rendición corres­pondiente. Esas rendiciones de cuentas serán puestas a disposición de la ciudadanía a través del portal de internet de la Contraloría General de la República, sin ningún tipo de limitación”, precisa el docu­mento.

Al respecto, el senador Amado Florentín, presidente de la Comisión Bicameral de Con­trol de fondos covid, confirmó a radio Universo 970 AM que el Ejecutivo sigue sin rendir cuentas, tal como establece la Ley de Emergencia, sobre el uso de los 1.600 millones de dólares. “Sin dudas que están en falta. Nos tienen que pasar el detalle de cómo gastaron los recursos”, indicó.

Señaló además que se remi­tirá una nota a la Presidencia de la República y otra al Minis­terio de Hacienda para recla­mar el incumplimiento de este artículo. Florentín mencionó que poseen informaciones en partes, como los montos que Hacienda transfirió a algu­nas instituciones, como los US$ 100 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago por las suspensiones laborales, los US$ 26 millones a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para el pro­grama Ñangareko, los US$ 200 millones a su propio ente para el programa Pytyvõ, y los US$ 26 millones a Salud Pública para la compra de insumos.