Maxi Barrios, presidente de la Junta Municipal de Quiindy, solicitó a la Contraloría General de la República que amplíe su investigación desde el año 2016 en adelante ante las serias irregularidades detectadas en la administración de la Intendencia. El concejal de Quiindy remitió una nota a la Contraloría General de la República, en la cual amplía la denuncia contra la intendenta Alba Acevedo.
Actualmente, la institución contralora realiza un minucioso examen de los balances del año 2019 y también del primer cuatrimestre del 2020 de la Intendencia de Quiindy. Barrios solicitó a la Contraloría que además estudie los años 2016, 2017 y 2018, basándose en los rechazos de los balances de parte de la Junta Municipal a la Intendencia y los dictámenes de Contrataciones Públicas por las irregularidades en las obras durante ese periodo.
En charla con HOY, el concejal comentó que en la jornada de ayer estuvo recorriendo con los funcionarios de la Contraloría los sitios donde están las obras municipales, de modo de la verificación in situ. Ejemplificó que encontraron un pozo que realizó el municipio, pero ni siquiera tiene agua, y constataron que no fueron entregados todos los kits alimentarios.
Barrios indicó que entre las irregularidades también figura la compra sobrefacturada en el marco de la asistencia social a las personas carenciadas y afectadas por la cuarentena sanitaria. En el listado de productos aparece la compra de latas de “vaka’i” (carne conservada) de 340 gramos al precio de 46.000 guaraníes por unidad, siendo que su precio al minorista es de tan solo 12.500 guaraníes. Mientras que el litro de aceite se adquirió por la suma de 18.000 guaraníes. Es por este caso que unos padres de familia estarían movilizándose en los próximos días.