La ejecución presupuestaria correspondiente al año 2019, presentada por el cuestionado intendente Esteban Ríos Ayala, tuvo sanción ficta en la Junta Municipal de Villa Hayes, que no pudo sesionar por falta de quórum.
La Junta Municipal, con 12 miembros, necesita la presencia de siete para poder sesionar. Pero la mitad de los concejales no asistió ayer a la sesión convocada para tratar la rendición de cuentas de Ríos Ayala.
Los ausentes que salvaron al jefe comunal son: Arnaldo Sosa, Tulio Renaut, Ricardo Núñez, Mario Cuevas, José Escobar y Héctor Alfonso.
Ayer finalizó el plazo de 40 días que los concejales tenían para estudiar la ejecución presupuestaria, atendiendo a que el 31 de marzo pasado se le dio entrada en la Junta Municipal. Como no hubo quórum para tratar la rendición, automáticamente queda aprobada; es decir, con sanción ficta.
Ya el pasado jueves estaba prevista una sesión extraordinaria, pero los mismos ediles afines al intendente se ausentaron.
La concejala Lorena Cabrera manifestó que en la ejecución presupuestaria de Ríos Ayala existen “puntos bastantes cuestionables”.
Indicó que existen diferencias entre los depósitos en las cuentas del municipio y los montos ejecutados, que no coinciden con extractos bancarios arrimados por el intendente.
“(…) en el caso de alimentación escolar, royalties, que son cuentas especiales que los municipios tienen que habilitar para que el gobierno central les haga depósitos, si uno hace el cálculo de los depósitos menos lo ejecutado, hay una diferencia que no coincide con los extractos bancarios que presentan; por ejemplo, extractos bancarios de alimentación escolar, de royalties y de los bonos”, comentó la concejala a La Nación.
En ese sentido, precisó que en el caso de alimentación escolar hay una diferencia de G. 392 millones, en el caso de royalties G. 580 millones y en bonos G. 115 millones. “Entonces, termina el año, seguramente se utilizan para otra finalidad esos montos y luego no se pueden devolver”, expresó.
Otra deficiencia administrativa que mencionó Cabrera tiene que ver con un préstamo temporal de caja que la Junta Municipal aprobó al intendente en el mes de agosto del año pasado y que debía terminar de pagar en diciembre. “Si no puede pagar en diciembre tiene que obligar y en su balance no figura dicha obligación, solamente el pago del interés del préstamo y no así el capital”, contó.
Añadió que lo mismo ocurrió con los bonos. “Los bonos, que es plurianual, el año pasado se hizo un préstamo de G. 5.000 millones y al término del 2019 tampoco obligó”, afirmó Cabrera.
La concejala adelantó que solicitarán a la Contraloría General de la República (CGR) una nueva auditoría, a raíz de la sanción ficta que tuvo la rendición de cuentas de Esteban Ríos Ayala.
EVALÚAN HALLAZGOS
La CGR recién dio a conocer el informe final de una auditoría realizada a la Municipalidad de Villa Hayes, que consta de varias observaciones, algunas que hasta podrían constituir hechos punibles y que ahora están siendo evaluadas para su posterior remisión o no al Ministerio Público.
En su informe de 21 observaciones, el ente de control confirma, entre otras cosas, desvío de fondos.
Según la CGR, la administración de Ríos Ayala realizó transferencias entre cuentas (intercuentas) por G. 2.765 millones desde las cuentas de Fonacide, royalties y bonos a la cuenta de recursos propios.
Estas operaciones de transferencia se realizaron en los meses de julio y agosto del 2018, y febrero, marzo, junio y julio del 2019.
Justamente, esta observación es una de las que están siendo analizadas por la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la CGR, para determinar si corresponde o no el llenado del formulario de indicios de hechos punibles contra el patrimonio.
De acuerdo al ente de control, algunas erogaciones están siendo cubiertas con los fondos disponibles en el momento con dichas transferencias, para luego corregir la situación; o sea, la devolución a la cuenta de origen, cuando se cuente con los recursos pertinentes.
El informe también refiere que Ríos Ayala, como ordenador de gastos, realizó nombramientos y contratos de familiares en contravención a Ley N° 5295/14 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”. Ubicó a su hijo, dos hermanas y a una sobrina en la comuna que administra.
De hecho que su administración no está muy familiarizada con la transparencia. Ni siquiera la Contraloría pudo acceder a ciertos documentos en el marco de la auditoría.
Se detectaron pagos de G. 1.416 millones en concepto de jornales en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2018 y del 1 de enero al 31 de julio del 2019 por importe de G. 1.722 millones, financiados con fondos genuinos y de royalties, con deficiencias en los documentos de respaldo.
Según el informe de auditoría, en los legajos verificados no se observaron, en algunos casos, planilla de asistencia y resolución que autoriza el contrato y el pago, contratos sin fotocopia de cédula de identidad, entre otras deficiencias.