El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, res­ponsable de la Comi­sión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 por decreto del Poder Ejecutivo, aseguró ayer a radio Universo 970 que el espíritu de esta nueva dependencia es evitar la colu­sión entre funcionarios públi­cos, empresas o seudoempre­sas, las presiones políticas y el tráfico de influencias en los pro­cesos de licitación para la adju­dicación de bienes, servicios e insumos bajo la figura Covid.

“Acá eso es lo que se reclama, la colusión entre funcionarios públicos, empresas o seudoem­presas, presiones políticas, trá­fico de influencias. Ese tipo de cosas es lo que nosotros quere­mos evitar que se dé a través de ese mecanismo de transparen­cia”, declaró ayer el ministro, en comunicación con la radio Universo y también con GEN TV. De alguna manera, Giuzzio justificó el accionar del Minis­terio Anticorrupción, donde se encuentra René Fernández, diciendo que con la estruc­tura que tiene actualmente es “imposible que tenga la capa­cidad técnica para abarcar un monstruo como es el Ministe­rio de Salud”. Es más, añadió al respecto: “La Secretaría Anti­corrupción tiene la función de generar políticas públicas anticorrupción y recepcionar denuncias.

El ministro René Fernández está con nosotros en la comisión para que si se detecta (alguna irregulari­dad) ya se direccione hacia su unidad si es una falta admi­nistrativa o ya se formule una denuncia penal si hace falta. Lo mismo ocurre con la Secreta­ría de Planificación, donde el licenciado Carlos Pereira tiene una experiencia vastísima en esta materia para detectar en forma precisa y específica los casos de corrupción o colusión.

Arnaldo Giuzzio también fue claro al explicar que se com­batirá la corrupción con todo al alcance, pues dijo que todo se transmitirá en vivo y en directo a través de diversas platafor­mas de difusión masiva y que recurrirá a un equipo de inte­ligencia de la Senad. “Todo el proceso de apertura de sobres y adjudicación va a ser transmi­tido en directo. Senad aportará una parte de su equipo de inte­ligencia que trabajará directa­mente en campo; va a traernos la información si es cierto que la empresa Carlitos, que se pre­sentó para venderle 10 millones de mascarillas, efectivamente exista donde dice su domici­lio, quiénes son sus accionistas, quiénes son los empresarios que están habilitados, quiénes están detrás realmente; vamos a hacer cruces de información con la Seprelad y la Subsecre­taría de Estado de Tributación (SET); ese tipo de operaciones vamos a estar llevando ade­lante en forma paralela al tra­bajo que hará la UOC”.

“La ley menciona que esos recursos deben ser utilizados únicamente para bienes, insu­mos y servicios. Es el mandato de la ley. En este sentido, esta comisión va a recibir a través de la UOC del Ministerio de Salud, por ejemplo, el pedido de 10 millones de mascarillas con tales especificaciones téc­nicas. Esto entra al proceso, se alzará al portal de la DNCP, la idea es que participen todos. Tenemos la sugerencia del pre­sidente de la República de dar prioridad a la industria nacio­nal siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas. Es también una cues­tión que ese dinero quede tam­bién en el país”.

“Son US$ 500 millones que pasarán por la supervisión de esta comisión. Es interesante auscultar el término: se trata del control de actos que hacen otros. La UOC del Ministe­rio de Salud va a seguir fun­cionando, pero bajo la super­visión de esta comisión. Va a tener como fuero de atracción de todo lo que sea Covid en otras instituciones”, señaló. “Vamos a suponer que uno de los ministerios esté queriendo comprar combustible, y utiliza para ese efecto y alza en el por­tal de Contrataciones Públicas con el código Covid. Inmedia­tamente eso será reevaluado y probablemente rechazado por esta comisión porque no está previsto la adquisición de esos bienes con estos recursos”.