El Juzgado Penal de Garantías, a cargo del magistrado Rolando Duarte, ordenó ayer la pri­sión domiciliaria a los cinco imputados por el caso de las compras de tapabocas en la Dinac. El magistrado comentó a los medios de comunicación que optó por otorgar el arresto domici­liario, pese a que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva.

Los imputados se habían puesto a disposición del juzgado, y tras la audiencia fueron llevados al Ministe­rio Público. El juez deter­minó que los procesados tie­nen prohibido comunicarse entre ellos. Para conseguir el arresto domiciliario, los imputados no solo ofrecieron una fianza real, sino además, ofrecieron inmuebles como garantía de que se seguirán sometiendo al proceso.

El abogado Claudio Lovera, defensor del ex titular de la Dinac, Édgar Melgarejo, pidió al Juzgado Penal de Garan­tías la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión, ofre­ciendo una fianza real. Melga­rejo se presentó ante el juez Rolando Duarte.

Melgarejo está imputado por la Fiscalía por el hecho puni­ble de lesión de confianza, por lo que es requerido por la Jus­ticia por la compra irregular de tapabocas, cuando estaba al mando del ente público.

En el momento de acudir a la audiencia de la aplicación de medidas, la defensa plan­teó el arresto domiciliario y ofreció una fianza de G. 120 millones. “Adicionalmente hemos pedido al juzgado que habilite una cuenta judicial, acercamos un cheque que se adjudique con el total del valor del contrato que es de G. 120 millones”.

Esta postura se da a los efec­tos de que culminado el pro­ceso y se estima que existe un perjuicio patrimonial, que esté garantizado. El contrato es de G. 119 millones, mien­tras que el cheque que ofre­cieron es de G. 120 millones.

Además, sostuvo que el empresario Ignacio Pidal mintió en sus declaraciones al afirmar que el precio de las mascarillas fue adulterado por pedido del propio presi­dente de la institución. Argu­mentó que no se cumplieron los requisitos para una pri­sión preventiva.

Por otra parte, dijo que las argumentaciones de la Fisca­lía se basaron en estas decla­raciones y no en las conver­saciones del Whatsapp del imputado. Las declaracio­nes las dio luego de que cul­minó la audiencia de imposi­ción de medidas ante el juez Rolando Duarte, quien deci­dió sobre el arresto domici­liario o medidas alternativas.

Por otra parte, la abogada Sara Parquet, quien defiende al jefe de Unidad Operativa de Contrataciones de la Dinac, Marcelo Rubén Ovelar, expresó que todos los requisi­tos para el concurso de excep­ción se cumplieron. El impu­tado es el evaluador con otras personas y también solicita­ron las medidas sustitutivas. “Hemos ofrecido que una per­sona firme por la fianza y una fianza real”, concluyó.

Marcelo Rubén Ovelar Gon­zález, uno de los imputados en este caso, es hijo del juez de Sentencia Elio Ovelar y la fis­cala anticorrupción Marlene González. Se desempeñaba como jefe de la Unidad Opera­tiva de Contrataciones (UOC) de la Dinac. Este es sindicado como uno de los que autori­zaron la compra de mascari­llas a un precio sobrevaluado. Tuvo un meteórico ascenso económico en la Dinac. Se lo denunció en el 2017 por per­cibir doble salario del Estado (G. 6.277.000), ya que figuraba en el Ministerio Público y en Essap (G. 8.700.000).