Con una contundente mayoría de 41 votos, la Cámara de Sena­dores aprobó ayer establecer un tope salarial para las altas autoridades de las binaciona­les Itaipú y Yacyretá, así como para otras que sean designa­das vía decreto presidencial. Las mismas solo podrán per­cibir una remuneración que no supere el salario del pre­sidente de la República, que es 37 millones de guaraníes.

Así, directores, gerentes generales, consejeros, super­intendentes y todos aquellos rangos que se equiparen a un cargo de máxima autoridad designada por decreto del Ejecutivo “en ningún caso podrán percibir un sala­rio, remuneración e ingreso alguno superior al fijado para el presidente de la República”, expresa el artículo 7 del pro­yecto de ley que establece recortes de privilegios y que fue ampliamente debatido por los legisladores.

Este punto fue uno de los más controversiales del proyecto de ley, atendiendo que los cita­dos rangos perciben un sala­rio que oscila o incluso supera los 100 millones de guaraníes, y existió una fuerte presión política para que se rechazara dicho artículo. Tal es así que incluso en la propia bancada oficialista hubo posturas con­trarias, atendiendo que tanto el senador Juan Carlos Gala­verna, Silvio Ovelar, como Juan Darío Monges, votaron por el rechazo, defendiendo la posturas de que las binacio­nales son entes extra poder y están regidos por un tratado internacional y no se puede modificar por una ley.

En tanto, el senador Sergio Godoy, de Honor Colorado, y con el apoyo de los legisla­dores de las otras bancadas, insistían que este apartado tenía como fin el recorte de los beneficios a los principa­les privilegiados que son las máximas autoridades.

Por otra parte, el trata­miento del proyecto de ley que establece la prohibición de las compras y contrata­ciones superfluas, que limita el nombramiento de parien­tes y fija topes salariales para las autoridades, se inició en la sesión extraordinaria del miércoles 15 de abril, obte­niendo la aprobación en gene­ral, con modificaciones. Se fijó un cuarto intermedio y se dio continuidad a la sesión en la jornada de ayer, donde conti­nuó con un amplio debate de los artículos que quedaron pendientes.

El Juzgado de Primera Ins­tancia admitió ayer la impu­tación contra los cinco sin­dicalistas de la Itaipú que se opusieron al recorte de sus salarios y amenaza­ron incluso con paralizar la hidroeléctrica si el salario de algunos funcionarios era reducido a G. 37 millones, el mismo monto que per­cibe Mario Abdo Benítez. El Ejecutivo había solicitado a los directores de Itaipú y de Yacyretá que los elevados salarios sean topeados en G. 37 millones, en el marco de la pandemia de la COVID-19 y la ley de emergencia sanitaria.