El ministro asesor polí­tico de la Presiden­cia de la República, Daniel Centurión, aseguró que la reforma estructural de la gestión pública liderada por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, no tiene retro­ceso. “La decisión es firme, esa decisión ya no tiene retro­ceso, y yo creo que se esta­blece un nuevo orden pos­pandemia, se establece nuevo orden económico, social, político y de gestión pública”.

Agregó que este es el momento de comprometer­nos en serio y dejar de lado oportunismos populistas. “Tenemos que dejar de lado algunas vanidades particula­res de sectores individuales, principalmente desde el Par­lamento, que buscan plan­tear proyectos, donde buscan lucirse personalmente y este no es momento de lucimiento personal de nadie”, sentenció.

El Ministerio de Hacienda, a cargo de Benigno López, y el vicepresidente de la Repú­blica, Hugo Velázquez, traba­jan de manera conjunta en la elaboración de un paquete de reformas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y sus efectos colaterales. El trabajo apunta a recortar el aparato estatal para dismi­nución de gastos innecesarios a futuro y contar con un pro­yecto de reactivación econó­mica a largo plazo.

“El objetivo de la reforma es buscar el bienestar ciuda­dano”, explicó el ministro de Hacienda, Benigno López, y anunció en la semana que para los próximos 15 días se tendría el tan ansiado y reclamado nuevo proyecto de reforma salarial para los fun­cionarios del sector público que será elevado al Congreso. Esta semana, junto con el vicepresidente Hugo Veláz­quez, dialogaron al respecto con el senador Blas Llano, presidente del Congreso, vía videoconferencia.

“El primer producto que vamos a presentar lo vamos a tratar de hacer lo más rápido, la semana que viene o a más tardar la primera semana de mayo, la Ley de Reforma del Servicio Civil”, mencionó el secretario de Estado en rueda de prensa.

Se refirió también a la necesi­dad de “buscar la mejora de la calidad del gasto a la hora de funcionar el Estado. La idea es profundizar la idea de la matriz salarial; todo se estará analizando dentro de la ley”, explicó el ministro.

Empresarios, un amplio sector de la clase política y la ciudadanía reclaman al Gobierno Nacional una rápida acción para recor­tar gastos superfluos del Estado para poder enfren­tar con éxito las urgencias del momento ante el avance del COVID-19 y encarar a futuro la reactivación económica. El Congreso aprobó reciente­mente una ley que permitirá al Ejecutivo disponer de US$ 1.600 millones para planes de contingencia diversos. El uso de estos fondos es materia de preocupación especial. Una comisión bicameral se encar­gará del control.

Por otra parte, manifestó que desde la Subsecretaría de Economía se encuentran tra­bajando en un Plan de Reacti­vación para poner en vigencia tan pronto se pueda. La idea es abarcar todos los aspectos: el capital humano, servicio público, las compras y las for­mas de las empresas del Estado.