La aplicación de la cas­tración química en el Paraguay genera diversas reacciones en la sociedad paraguaya, muchos creen que sería la solución a la ola de violaciones sexuales, mientras que otros sostienen que no tendría la eficacia que se espera y otros hasta sostie­nen que existe impedimentos legales. El tema fue abordado recientemente durante una audiencia pública llevada a cabo en la Cámara de Dipu­tados, en donde profesiona­les del área expusieron sobre las consecuencias fisiológicas de ese método en particular.

El evento fue organizado tras la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado Carlos Rejala (PPH) que establece como sanción principal la inutilización del miembro viril. El tam­bién diputado Édgar Ortiz es de la misma idea. Este ya había presentado en el 2017 una propuesta legislativa con ese mismo propósito y adelantó que reflotará la ini­ciativa. Rosa Bidondo, de la Sociedad Paraguaya de Psi­cología, habló sobre los efec­tos físicos que traería apare­jada la castración química. “Pérdida del cabello, trom­bosis, problemas cardiovas­culares, diversiculitis, atrofia muscular, diabetes, dolores de cabeza, son varios los efec­tos colaterales que presenta la persona”, expresó.

A modo de ejemplo men­cionó el caso de los Estados Unidos, país en donde desde hace 10 años se implementa esa modalidad, aunque no en todos los condenados, sino como una opción para reducir la pena de quienes la aceptan. El procedimiento va acompañado de un tra­tamiento psicológico y far­macológico, teniendo en cuenta que muchos de ellos han caído en la depresión y hasta en el suicidio, explicó.

Dijo que muchos investiga­dores afirman que la castra­ción fue eficaz en los casos de parafilia (desviación sexual), pero no dio resultados posi­tivos en los agresores o viola­dores, quienes en contrapar­tida terminaron mostrando mucha agresividad.

El abogado José Casañas Levi, igualmente, se había pronunciado en contra de la implementación de la castración química, seña­lando que es inaplicable en el Paraguay. Según expresó, los legisladores deben veri­ficar los tratados interna­cionales que fueron fir­mados por las autoridades paraguayas en cuanto al tratamiento de personas privadas de su libertad, antes de una aprobación del proyecto de ley.

La propuesta legislativa fue presentada ante los últimos hechos violentos que conmocionaron a todo el país. Como el caso de la menor indígena Francisca, quien fue hallada ase­sinada en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción, así también el caso de Neidelyn, la niña asesinada y calcinada en Minga Guazú, Alto Paraná.

Así también se dio a conocer el caso de un niño que habría falle­cido por enfermedades respiratorias y VIH, y con aparentes signos de haber sido abusado sexualmente. La ciudadanía levantó su voz de protesta en contra de los reiterados abusos contra menores de edad.