La Cámara de Dipu­tados aprobó ayer el proyecto de declara­ción “Que repudia el rapto y asesinato de la niña Naidelyn y los otros hechos que tuvie­ron como víctimas a niñas y adolescentes en el territorio nacional e insta a los orga­nismos estatales a dilucidar y sancionar a los responsables e implementar campañas de concienciación y educación en valores”. En el mismo día, pero a la noche, centenares de ciudadanos se dieron cita en la Costanera de Asunción para pedir justicia y duras penas para los autores de los críme­nes de Naidelyn, de 7, y la niña indígena Francisca, de 12.

El documento fue presentado sobre tablas por la diputada Blanca Caballero de Vargas, quien instó a los organismos estatales encargados de la investigación a asegurarse que los responsables de tan deleznables hechos sean cas­tigados con todo el peso de la ley. Además, solicitó a las entidades gubernamentales que tienen a su cargo todo lo concerniente al ámbito de la niñez y la adolescencia imple­mentar planes, proyectos y programas tendientes a sen­sibilizar y romper el círculo vicioso de la violencia, garan­tizando la integridad y seguri­dad de las niñas, niños y ado­lescentes de todo el territorio nacional.

Por último, exhorta a la comu­nidad educativa en general y en particular al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a incluir o, en su caso, reforzar en la malla curricular de los niveles de la Educación Esco­lar Básica y en la Educación Escolar Media temas basados en el enfoque en el derecho de niños, niñas y adolescentes, priorizando la promoción de los valores y las virtudes que apunten a lograr una convi­vencia más armónica y pací­fica en el marco de la cultura de la paz. Durante la primera sesión ordinaria de ayer, los parlamentarios abrieron el debate sobre lo ocurrido con la niña Naidelyn de Minga Guazú y otros casos que se dieron en las últimas sema­nas. En este sentido, la dipu­tada Rocío Abed lamentó la falta de acciones concretas que ataquen la causa de la vio­lencia e insistió en la necesi­dad de trabajar fuertemente en la prevención.

Además, solicitó a las autori­dades la designación de más agentes de seguridad, específi­camente una mayor presencia del Grupo Lince en el departa­mento de Alto Paraná.

Por su parte, el diputado Ramón Romero Roa dio alarmantes cifras y aseguró que en el 2019 fueron reali­zadas 3.257 denuncias por abuso en menores, número que tiende a duplicarse por los casos no reportados de forma oficial, siendo Central, Caaguazú y Alto Paraná los departamentos con mayor índice en este sentido.

El pleno de la Cámara Baja también fue testigo ayer de una insólita reivindicación: de las feas y morochas. El reclamo de varias legisladoras se dio a raíz de una denuncia realizada por la diputada Marlene Ocampos, quien expuso ante sus colegas un episodio de violencia que se dio con los escoltas de Mario Abdo Benítez el día anterior en un acto oficial en el Chaco.

La diputada presentó imágenes de la agresión que sufrió. En consecuencia, sus colegas se solidarizaron con la misma. En tanto, la diputada Celeste Amarilla salió al paso de la denuncia y sostuvo que la agresión se dio porque su colega era morocha y fea. “Ya reivindiqué una vez a las putas, ahora reivindico a las feas y a las morenas, porque me incluyo entre ellas; respeten a la mujer, no por su cara, por su forma o su físico, sino por ser mujer”, mencionó la polémica diputada.