Después de una semana de receso, a partir de las 7:30 de hoy continúa el juicio oral en la ciudad de Villa Hayes a raíz de la querella por difamación, calumnia e injuria entablada por el intendente de esta ciudad, Esteban Ríos Ayala, contra tres comunicadores de la zona.
Ríos Ayala llevó al banquillo de los acusados a Dolores Mareco, Martín Caballero y Óscar Hellión por irregularidades y denuncias de corrupción que trascendieron en el programa radial de los tres citados.
Mareco incluso realizó denuncias ante la Fiscalía en lo Penal, ante la Contraloría y ante la Función Pública contra el intendente por nepotismo, posible enriquecimiento ilícito, evasión impositiva. Esto le costó que el jefe comunal reaccione con una querella y hoy afronte juicio oral y público junto con dos colegas.
Ríos Ayala ubicó a una decena de familiares, además de amigos en la municipalidad a su cargo. Este hecho fue confirmado en la lista de 27 observaciones que realizó en una auditoría la Contraloría General de la República y en la cual menciona al hijo, a la sobrina y al yerno del jefe comunal en planilla.
Según informaciones, entre los testigos de Ríos Ayala en el juicio entablado a los comunicadores estarían funcionarios, familiares de sus empleados municipales, ex funcionarios. En la lista figura hasta un proveedor contratado durante su administración.
El juicio está siendo realizado en la sede de la Defensoría Pública de Villa Hayes ante los jueces Corina Sanabria y Gregorio Paciello.
SOSPECHOSO
Una flota de camiones valuada en unos G. 1.400 millones y acumulada por el intendente luego de asumir el cargo lo convirtió en blanco de denuncias.
Así también, la Contraloría observó en su informe de auditoría que en la administración de Ríos Ayala se pagaron más de G. 500 millones en concepto de honorarios profesionales a 23 beneficiarios, financiados con fondos genuinos y juegos de azar, sin informes de los trabajos realizados. Aquí habrían sido beneficiados amigos y seguidores del intendente.
Un hecho grave consignado en las observaciones de la auditoría de Contraloría aparece la transferencia entre cuentas (intercuentas) por G. 2.765 millones desde las cuentas de Fonacide, royalties y bonos a la cuenta de recursos propios. Según el informe inicial, no se pudo constatar la devolución de los fondos a sus cuentas de origen; es decir, al momento del control estaban desaparecidos.
De los 27 puntos observados en auditoría, el intendente solo habría argumentado 4 de ellos. La evaluación está en su etapa final.