El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, en entre­vista en el programa “Cuenta final”, del Canal GEN, indicó que apunta a una justicia transparente que tenga como herramienta fundamental la tecnología con ayuda de los expedientes electrónicos, proyecto al que considera como su quinto hijo.

El ministro del Poder Judi­cial es doctor en derecho y ciencias sociales con cali­ficación summa cum laude. Además, es el mejor egre­sado de la promoción 1992 y medalla de oro de la Uni­versidad Nacional de Asun­ción (UNA).

–Los expedientes electró­nicos son parte de un pro­yecto que lleva doce años, impulsado desde octubre del 2016; fue implementado con tropiezos y desarrollo normal y programado. Es la herramienta, es la forma de hacer el punto vincu­lado a la transparencia de la gestión jurisdiccional. Algo que entendemos en la Corte sobre transparentar los juicios tiene que ver con tramitarlos de manera elec­trónica; hasta hoy día se uti­liza el formato papel como se hizo siempre desde la época de colonia, en anaqueles, armarios de acceso restrin­gido, donde solo acceden a los expedientes los aboga­dos vinculados al caso. Que­remos trasladar ese formato papel al electrónico.

–Tenemos más de 3 años con el expediente electrónico usándose en Asuncion. Este año pensamos hacer expan­sión en Ciudad del Este, San Lorenzo, Luque.

Consideramos que la herra­mienta electrónica es la manera de materializar eso que prometemos, la transpa­rencia, porque si el justicia­ble puede tener en el celular o en la computadora, desde su casa sabe qué está pasando en su juicio.

–Con ello permitimos que el abogado ahorre tiempo en vez de formar fila y esperar. Tam­bién cuando el juez firma la resolución y se debe impulsar el proceso, el abogado debe volver al juzgado, pero con la forma electrónica se notifica al ins­tante. Desde el punto de vista de la eficacia y para optimizar el tiempo, es eficaz el sistema. Varía la forma en que pasa de una etapa a otra porque lo hace de manera instantánea.

–Somos conscientes de que el tiempo es dinero para el abogado que vende tiempo, se ahorra tiempo en movi­miento, al momento de tra­mitar los procesos representa menos inversión de recursos. Además, mantener en vigen­cia un expediente electrónico es más barato que en papel. La tecnología permite ahorrar recursos naturales, tiempo y tener menor costo de imple­mentación en ambos lados del mostrador.

–Muchísimo aprendizaje. No soy político, entonces para mí es todo nuevo; inte­gré la segunda terna que gané en abril del 2019. Real­mente, el proceso fue rico en aprendizaje y manejo. Como no es jurídica la cuestión, no tenía experiencia de diálogo con políticos, lo veía mal. Me pareció bien hablar con todas las bancadas para que nos conozcan los senadores. La reunión fue armónica y ama­ble; había interés en el pen­samiento político que uno puede llegar a tomar dentro del cargo.

–Noto que hay una notable restricción de esa imagen de avanzada política den­tro de Justicia, los mis­mos políticos son imper­ceptibles en los contactos con otros organismos. En este año que voy a cumplir, nosotros no recibimos pre­siones políticas de ningún aspecto, ni administrativa ni jurisdiccional; hay inde­pendencia y libertad para que uno resuelva las cau­sas como tiene que resol­ver. Hay un contralor ciu­dadano más fuerte porque hoy tenemos grupos orga­nizados, autoconvocados que controlan el desenvol­vimiento de autoridades.

–La clase política entiende que su función es adminis­trar el país y los espacios políticos; entienden que la Justicia debe ser indepen­diente a todos ellos. Es decir, si la Justicia es adepta al grupo de poder que manda en el momento, cuando ese grupo cambia de signo, le dejará de lado. A todos nos conviene que la Justicia no tenga banderías, que la Jus­ticia tenga hombres y muje­res técnicos que juzguen los casos de acuerdo con lo que dice la ley.

–Evidentemente no es cues­tión de tocar con la varita mágica para que cam­bie, probablemente nos va tomar muchos años llegar a un estadio ideal. Hay un convencimiento entre la clase política y jueces de partir en vías paralelas el ejercicio de la actividad política y magistratura, de tal modo que no se toque. Pero si se debe mantener el puente de comunica­ción, hay que entender que la Corte Suprema de Justi­cia es un órgano político, nombrado por un proceso político que termina con la aceptación del presidente de la República.

–Tenemos que tener un sistema de independen­cia, pero de interrelación, de equilibrio, de contrape­sos, pero con una relación armónica porque hay cues­tiones que discutir como el presupuesto. De qué sirve trazar políticas judiciales si no tenemos un presupuesto adecuado que respalde los planes, pero que sea com­patible con la realidad eco­nómica del país.

También tenemos que dis­cutir e ir avanzando en un proceso de real autarquía del Poder Judicial, de modo que nos entreguen el dinero y administremos íntegra­mente ese 3% que dice la Constitución Nacional. Debemos mantener este tipo de diálogos sin que implique intromisión de la clase polí­tica en la resolución de asun­tos judiciales.

–Hoy en día estamos viviendo una época en la que la inme­diatez de la noticia se volvió cotidiana, la mecánica de la información pasa por todo lo que sean redes sociales y formas automáticas e instan­táneas de comunicación. En esta realidad donde el tiempo de la información cambia, nosotros no podemos estar ajenos a la manera de comu­nicarnos con la ciudadanía y tenemos una idea clara: lo que no se comunica, no existe; si no es eficaz y claro el mensaje, no llega y tampoco existe. Es decir, debe ser bien pensado.

–Es un principio de mucho tiempo y se entiende en un sentido: cuando el juez en determinado momento del proceso no debe hablar por­que puede anticipar opiniones y decir cosas que le vinculen o comprometan. Entonces hay momentos en los que debe­ría mantenerse en silencio y otros en los que un funciona­rio de la Corte debería expli­car la sentencia y fundamen­tos importantes para llegar a una conclusión. Este sistema de comunicación, en el que el Poder Judicial le explica a la ciudadanía, es algo necesario para reconstruir la imagen de la Justicia.

ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN

Abogado, escribano público y doctor en derecho y cien­cias sociales.

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA.

Abogado, mejor egre­sado de la promoción 1992, medalla de oro de la UNA, medalla de oro de la Pre­sidencia de la República, Facultad de Derecho y Cien­cias Sociales de la UNA.

Escribano Público, promo­ción 1999, Facultad de Dere­cho y Ciencias Sociales de la UNA.

Doctorado, doctor en dere­cho y ciencias sociales, cali­ficación summa cum laude, setiembre del 2001, Facul­tad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Tema: “La responsabilidad civil colectiva”.

Funcionario judicial desde 1987, cumpliendo varias fun­ciones como dactilógrafo y secretario judicial, entre otras. Desde el 2003 ocupó el cargo de juez de 1ª Instan­cia en lo Civil y Comercial del 9º turno de Asunción, Paraguay. Desde junio del 2012 hasta el 2019 ocupó el cargo de miembro del Tri­bunal de Apelación en lo Civil y Comercial, sexta sala. En abril del 2019 fue electo y juró como ministro de la Corte Suprema de Justicia.