El presidente de la República Mario Abdo Benítez pro­mulgó ayer sin mayores contratiempos la iniciativa del financiamiento político, que establece controles más estrictos al uso del “dinero sucio” tanto en internas, como en las generales. La propuesta legislativa pro­movida a finales de diciem­bre pasado, por la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejos, con miras a las elecciones muni­cipales y partidarias 2020. Tras su sanción legislativa, el pasado lunes, el docu­mento llegó ayer al Ejecu­tivo en horas de la mañana y fue promulgado luego del medio día.

La ley establece que al prin­cipio de la campaña los can­didatos deberán tener en cuenta los siguientes requisi­tos y obligaciones. Presentar un informe detallado sobre el origen de sus fondos, contri­buciones y donaciones, pre­sentando una declaración de ingresos y gastos de campa­ñas (DIGC).

El informe sobre cada candi­dato en internas pasa al Tri­bunal Partidario, a la Secre­taría de Tributación (SET), y de ahí se remitirá al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para su publicación en la web.

El candidato deberá presen­tar una declaración de inte­reses vinculados, en el que identifique las empresas o acciones que posea. Incluye a su cónyuge, si tiene una socie­dad conyugal, pero se elimina el requisito para parientes de hasta 2º grado. Se eleva a ley la creación de una unidad espe­cializada para la fiscalización del dinero sucio en el TSJE.

Se exige que cada movimiento o partido en su conjunto tenga un RUC, también se establece que los partidos y movimien­tos deben tener una cuenta bancaria, se deberá rendir los gastos con facturas legales. Los partidos y movimientos serán sujetos de control del Seprelad en virtud de la Ley 115/97.

Al finalizar la campaña polí­tica para las instituciones, la SET y Seprelad serán coadyu­vantes en la fiscalización del organismo electoral TSJE. Posteriormente el TSJE correrá vista a la Contralo­ría para una auditoría final.

SANCIONES

Entre las sanciones que esti­pula la ley se encuentran las multas de 300 jornales o des­cuento en el aporte estatal a los partidos. Solo tras una condena firme del Poder Judi­cial un candidato no podrá participar en elecciones por 10 años.

CENTRO RESIDENCIAL DE ADICCIONES

Por otra parte, Abdo Bení­tez habilitó ayer el centro de tratamiento residencial de adicciones, ubicado en Piri­bebuy, Cordillera. El ente fue creado a través de la coo­peración de la Oficina de la Primera Dama, el MSPyBS y la Senad. Se estima que comience a funcionar a par­tir de marzo.

SEPA MÁS

“Que la ley no sea una letra muerta”

Carlos María Ljubetic, direc­tor de la unidad de Proce­sos Electorales de la Justicia Electoral (TSJE), indicó que espera que la Ley del Finan­ciamiento Político, promul­gado por el Ejecutivo, no sea letra muerta.

“Todos esperamos que la ley no sea una letra muerta porque la cuestión del con­trol del dinero que se aporta en las campañas es bastante difícil de aplicar, no es fácil tener ese control”, indicó en comunicación con la radio Universo 970 AM.

Sostuvo que se requiere de un trabajo conjunto entre la SET, Contraloría, Seprelad y la Justicia Electoral para tener un control cruzado de los datos. A su criterio, si no se hacen bien las labores, el dinero sucio seguirá siendo usado en las campañas.