• POR LOURDES PINTOS
• lourdes.pintos@gruponacion.com.py

El abogado Edward Arca López, director general del Centro de Atención al Deudor (Cenade), alertó que “la gran mayoría de los más de 300 mil funcionarios públicos que existen están totalmente endeudados” y que la gran mayoría de los 80.000 educa­dores que están por retomar las clases está sobreendeudada. “Es la gente que tiene que ense­ñarle a nuestros hijos educa­ción financiera”, lamentó.

–Por sobre todas las cosas y especialmente el 2019 fue un año bastante complicado para la gente que tiene deudas, ya que no pudieron abonarlas y las que buscaban de alguna manera cubrirlas tuvieron que entrar en nuevas deudas. El 2019, que empezó con una desaceleración económica, fue a un estado de recesión y a finales del año fue a una leve recuperación. No fue un buen año para enfrentar las deudas, ya sean las antiguas o las nue­vas. En este sentido, una gran cantidad de personas también recurrió a la ley de insolvencia o convocatoria de acreedores, que es la Ley 154/69, que pro­tege a los deudores en estado de insolvencia, ya sean comer­ciantes o civiles.

–Evidentemente el crédito es una figura fundamental para toda economía en creci­miento, pero el crédito tiene que ser bien utilizado. Si yo voy a quitar un crédito o me voy a endeudar, tengo que tener la suficiente educación finan­ciera para poder proyectar el pago de ese crédito. Pero qué pasa, la gente quita un crédito para pagar otro. Entonces, la gente, como una solución que está mal evidentemente y por falta de educación financiera, se va endeudando para poder pagar deudas viejas y en algún momento esta cadena de pago se va romper y eso es lo que está pasando. Mucha gente se sigue endeudando y está en estado de total sobreendeudamiento e insolvencia. Ante esto, en el caso de ser un deudor comer­ciante, tiene la obligación de declarar su estado de insolven­cia y en el caso de deudores civi­les tiene la opción de hacerlo.

–La Ley 154/69 es la ley que protege a los deudores en caso de insolvencia económica. Ahí es importante hablar de dos artículos en específico, el artículo 9 que protege a los deu­dores de carácter comerciante que hayan caído en un estado de insolvencia, en donde la ley les obliga a todos los deudores comerciantes a presentar su estado de insolvencia ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y con la intervención de lo que sería la Sindicatura General de Quie­bras, para llegar a un acuerdo con sus acreedores y acogerse a los beneficios que establece esta ley. El otro es el artículo 13, que habla sobre los deudo­res civiles, en donde la ley prevé la posibilidad de presentar su estado de insolvencia y aco­gerse a los beneficios. En los últimos cuatro a cinco años, tuvimos un aumento de la can­tidad de personas que se aco­gieron al beneficio de la convo­catoria de acreedores y que hoy día están trabajando normal­mente, están recuperándose financieramente y, por sobre todas las cosas, están llegando a acuerdos económicos con sus acreedores para poder pagar a todos bajo un pie de igualdad.

–Tenemos dos categorías, las personas que están en moro­sidad, pero que todavía no fue­ron demandadas y las perso­nas que están en morosidad y ya tienen una demanda judi­cial. En ambos casos, exis­ten por sobre todas las cosas una falta de educación finan­ciera y una falta de conoci­miento de las leyes, especial­mente las leyes procesales en donde los que quitan un cré­dito no miden las consecuen­cias de lo que sería la falta de pago. Vemos que ese índice de morosidad se encuentra en gran mayoría con la gente que tiene un salario, ya sea un salario de carácter privado o un salario del sector público, podemos decir en este sentido que la gran mayoría de los más de 300 mil funcionarios públi­cos que existen están total­mente endeudados. Igual­mente, en estos últimos años y con más fuerza en este 2019, vimos que ese índice de morosidad le afectó también a lo que sería la parte de los comercios, especialmente los comercios de frontera. Vemos mucha morosidad en la ciudad de Salto del Guairá, en Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, que estuvie­ron afectados por los efectos de la crisis económica que se vivieron en esas zonas.

–Esa educación financiera debe venir desde la escuela, pero hay que tomarla con pinza y con seriedad, porque por ejemplo, de los 80.000 educadores la gran mayoría está totalmente endeudada y no cobra sus salarios y esa es la gente que tiene que ense­ñarle a nuestros hijos edu­cación financiera. Enton­ces, ¿cuál va ser el ánimo o experiencia de vida para la enseñanza si ellos no pue­den administrar sus propias finanzas? Esa es una cues­tión política, el Estado debe manejar con mucha serie­dad y antes que nada ver la forma en la que se le pueda ayudar a estos educadores para que vayan saliendo de las deudas por un lado y, por otro lado, también que ten­gan una buena preparación financiera para que ellos pue­dan enseñar a nuestros hijos.