• Por Rosalino Duarte Grance.

La organización Red de Democracia y Trans­parencia tiene como objetivo principal colaborar en la instalación de gobiernos transparentes (municipales, departamentales, etc.), gene­rando espacios ciudadanos para el combate a la corrup­ción y la impunidad. Raúl Qui­ñónez (Ceamso) y Sebastián Vargas (ID) explican los tra­bajos realizados y resaltan la importancia de la aplicación de instrumentos como la Ley de Financiamiento Político para erradicar esos males que socavan la democracia.

Analizaron el último informe de Transparencia Inter­nacional, que posiciona a Paraguay en el 5º lugar más corrupto de la región.

–Raúl Quiñónez: La Red de Democracia y Transpa­rencia es un instrumento que está conformado por 21 organizaciones de la sociedad civil, interesadas en trabajar en todo aquello que tiene que ver con la inci­dencia ciudadana para redu­cir o prevenir la corrupción y la impunidad.

–Sebastián Vargas: Dentro de la red tenemos una serie de actividades que se focali­zan en generar espacios ciu­dadanos y cogobiernos en sus distintos niveles para desa­rrollar actividades que insta­len capacidades para gobier­nos más transparentes, que rindan cuentas, que desarro­llen todo lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, que tiene ya como 3 o 4 años.

Nuestro objetivo es instalar gobiernos de transparencia. En ese marco, organizamos la actividad acerca de cómo medir el desarrollo de la información pública de parte de los gobiernos municipales, de cuáles son los municipios más transparentes y los que más acceso a la información pública generan al ciudadano.

También hicimos un concurso de periodismo de investiga­ción enfocado hacia la trans­parencia y anticorrupción y premiamos a los periodistas que participaron. A fines del año pasado realizamos las pri­meras dos ferias de las trans­parencia, que es una instancia sumamente divertida, cordial, pero no por eso menos seria, donde el gobierno municipal, que en este caso fue de Encar­nación y Ciudad del Este, se acercó a la ciudadanía en un formato de kermés.

Se trabajó no solamente con los gobiernos comunales, sino también con las organizacio­nes civiles que son fuerzas vivas dentro de la ciudad. Y fue un éxito porque tuvimos mucha participación, mucha receptividad.

–R. Quiñónez: Hace unos días Transparencia Internacional publicó su índice internacio­nal y el Paraguay bajó un lugar, lo que significa que desde el año pasado a hoy somos un poco más corruptos. En este análisis se hace una mención a tres o cuatro cuestiones a nivel global en materia de lucha en contra de la corrupción que deberían ser tenidas en cuenta por los países.

La primera de ellas es el finan­ciamiento político en las cam­pañas, el dinero sucio que entra a las campañas porque eso afecta profundamente la capacidad de decisión del que es elegido para respon­der a ciertos intereses poste­riormente. En segundo lugar, los conflictos de intereses, la famosa puerta giratoria donde hay veces en que uno desde una posición de privilegio en un cargo público favorece a ciertas empresas o sectores con los cuales estaba traba­jando. El otro es el lobby parla­mentario a nivel de cualquier poder del Estado y el cuarto es el empoderamiento ciudadano para poder combatir la corrup­ción o prevenirla.

–R. Quiñónez: Nosotros nos hallamos en plena discusión acerca de si vamos aprobar o no una ley, una modificación de nuestra Ley de Finan­ciamiento Político que está todavía en el veremos y que no parece que vaya a tener anda­miento. En cuanto al segundo punto, el Paraguay no tiene una ley de conflicto de inte­rés y ese es un mandato de los mecanismos de revisión de dos convenciones interna­cionales (una de la OEA), la necesidad de contar con una ley de conflicto de interés.

Si yo tomara como referen­cia las recomendaciones de Transparencia, nosotros estamos bastante rezaga­dos, tenemos mucho trabajo por hacer.

–S. Vargas: Todas las ins­tancias como tomadoras de decisiones tienen una rela­ción directa o indirecta con los grupos de poder que hacen negocio con el Estado o que tienen responsabilidades con algún tipo de servicio que presta al Estado.

–R. Quiñónez: Hay otras cuestiones. Si yo soy un fun­cionario público y le traigo a mi hermano a trabajar, no puede entrar a trabajar en la misma dependencia donde yo estoy trabajando. Si yo estoy en el Ministerio de Hacienda, puede entrar en el Ministe­rio de Salud, pero no puede estar en el mismo lugar. Ese tipo de conflicto se tiene que evitar. Existen regulaciones a nivel internacional que prohí­ben ese tipo de situaciones. El caso más reciente es el caso del señor (Julio) Ullón. Ese tipo de situaciones tenemos que evi­tar en el Paraguay.

–S. Vargas: Hay algo que está ampliamente legislado en América Latina, pero no en Paraguay, que es la colusión. En el caso de las obras públi­cas, rutas... varias empresas se juntan y le aprietan al Estado o al ministro o al viceminis­tro y le dicen: ‘Acá nosotros ya decidimos cómo van a ser las cosas’. Ese tipo de cosas no están legisladas en el Para­guay. Eso da pie a que secto­res de poder puedan mover el gasto público como se les antoja y direccionar.

–R. Quiñónez: Nosotros desde la sociedad civil vemos con mucha satisfacción que los ciudadanos en el interior del país comiencen a empo­derarse de la lucha en contra de la corrupción. Está el caso de Ciudad del Este, el caso de Mayor Otaño. La lucha en con­tra de la corrupción no es para que vos no toques la plata del Estado, sino lo que los ciuda­danos tenemos que enten­der es que esa plata que vos tocas por algún acto irregu­lar o pasible de una sanción es plata que vos no recibís en servicios. Entonces, vos recibís menos remedios, recibís útiles de menor calidad; se constru­yen empedrados que se des­truyen en poco tiempo, asfal­tados que no tienen el tiempo de vida útil como en otros paí­ses. Todo eso afecta a los ser­vicios que el Estado te presta. Entonces, la corrupción es un mal que nos afecta a todos y que en la medida en que uno comete un acto de corrupción hay un montón de ciudadanos que se privan de los servicios que el Estado les debería pro­veer. Ese es el objetivo que nosotros tenemos para tra­bajar como red de democra­cia y transparencia, buscar que la ciudadanía comprenda que la corrupción es un problema que nos afecta a todos.

–S. Vargas: En la medida en que la gente siga percibiendo que el Gobierno central o municipal o departamental es corrupto, menos va a que­rer pagar sus impuestos. Es todo un círculo vicioso que lo único que hace es pauperizar la calidad de vida de la gente.

–R. Quiñónez: Hay un desen­canto con la clase política, que no es solamente acá en Para­guay, es en general. Yo creo que el resultado de este índice de transparencia que dice que el Paraguay en el segundo más corrupto en Sudamérica, el sétimo en Latinoamérica, lo que nos está mostrando es que necesitamos mejorar ese clima y que la corrupción en defini­tiva termina produciendo pobreza, expande la pobreza y cuando más corrupción hay son más débiles las institucio­nes democráticas. Corroe las instituciones democráticas, incrementa la pobreza, anula la capacidad del ser humano de reaccionar para reclamar.

Es un mal que a nosotros como red, y quizás ese es el men­saje más importante, por un lado, nos obliga a agruparnos para defendernos de la agre­sión que significa un funcio­nario corrupto y, por el otro, también nos obliga a tomar conciencia de a quiénes ele­gimos cada vez que elegimos. Ahora estamos a las puertas de las elecciones municipales y ojalá que la gente, esta vez, pueda mirar en el interior de cada localidad a quién termina votando. Tenemos el caso de las municipalidades que no rinden el Fonacide; cuán­tos recursos dilapidados que ingresan al país producto de nuestra riqueza como Itaipú y que, sin embargo, quedan en manos de unos cuántos.

–S. Vargas: Hay que decir que el Gobierno central no está haciendo nada para fortalecer a los gobiernos municipales. Si bien existe la Ley de Transpa­rencia, no transfiere capacida­des para que cumplan con sus obligaciones.

–R. Quiñónez: En el 2014 el índice de Paraguay mejoró varios lugares en el índice de Transparencia Internacional y eso se dio en gran parte por la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y por la institucionalización de las contrataciones públicas. ­