Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el comisionado nacional Dante Leguizamón, consultado acerca de la política criminal del Estado paraguayo, expresó que no existe una política “escrita”, lo que existe es una “conducta” de los órganos de seguridad de la fuerza pública y el Ministerio Público en general de perseguir los hechos punibles y no existe una política de prevención. Señaló que a causa de la corrupción reinante en los penales, los reos recurren a grupos criminales para asegurar su supervivencia, tanto en protección, alimento y drogas.
Supervivencia en los penales
“Por los niveles de corrupción dentro de la cárcel, la falta de seguridad, hoy vos estás detenido y la cárcel no puede asegurar tu seguridad, tenés dificultades de acceso a la salud, hay muy poca posibilidad de acceder a la educación o al trabajo, hay muy pocas posibilidades de acceder a un lugar digno para dormir, todo eso está mediado por la corrupción”, puntualizó el comisionado Leguizamón. A la par explicó que este modus operandi de los grupos criminales los ayuda a reclutar soldados.
Leguizamón señaló que la mediación de la corrupción en la vida penitenciaria hace más fuerte a las organizaciones criminales. “Lo que hace todo esto es facilitar que los grupos criminales te brinden protección, te brinden seguridad y uno termina vinculándose como estrategia de supervivencia a los grupos criminales”. Para dar a entender la organicidad de los grupos criminales, mencionó que “la situación actual del sistema penitenciario es un caldo de cultivo, es un sistema que facilita el fortalecimiento de las organizaciones criminales”, mencionó.
¿Política preventiva?
El comisionado del mecanismo, con respecto a la política preventiva, expresó que en Paraguay “solo existen unas tímidas políticas de prevención de abuso sexual y de la violencia contra la mujer, que realizan el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de la Mujer”. Asimismo, expresó que “con respecto a hechos punibles de violación de la ley de drogas, no existe una política preventiva, si es que asumimos que las personas que tienen problemas de consumo de drogas son propensas a cometer delitos, sobre todo las personas que están marginalizadas”.
En este sentido, sobre los pasos hacia una política criminal preventiva a la violación de la ley de drogas, indicó que “inicialmente tenemos una lectura de que la población que tiene un consumo problemático de drogas comete delitos, primero debe abordarse el consumo de drogas como un problema de salud pública y no solamente como un problema del derecho penal”. Señaló que el abordaje debe ser fuera de las penitenciarías, es decir antes y también dentro de la cárcel. “Hoy las drogas son incluso más fáciles de conseguir dentro que fuera de los penales”, aseveró.