Desde la comuna de Villa Hayes se filtró el documento con las observaciones realizadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR). Algunas de las situaciones detectadas podrían constituir hechos punibles.
El pasado 8 de enero se dio entrada en el municipio al documento que detalla las faltas de la administración de Esteban Ríos Ayala.
Una de las observaciones de la CGR tiene que ver con nombramientos y contratos de familiares y parientes del intendente, en contravención a lo establecido en la Ley Nº 5.295 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”.
La Nación había publicado en julio del 2019 la nómina de parientes de Ríos Ayala en el municipio y eran entonces cerca de una decena. El sueldo del intendente y sus familiares cuestan al municipio cerca de G. 60 millones al mes y al año más de G. 760 millones.
En el informe aparecen las hermanas del intendente Graciela y Beatriz Ríos Ayala; su hijo David Ríos Isasi, su sobrina Mónica Cabrera Aquino y su yerno Luis Marcelo de los Ríos Ayala.
“(…) El intendente municipal ha realizado nombramientos y contratos del personal con grado de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad”, dice una parte del documento filtrado desde la comuna.
La Ley N° 5295/14 también establece sanciones y en su artículo 3° expresa: “El que realizare un nombramiento o una contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico”. Misma medida se aplica para el beneficiario del nombramiento o contrato, además de la devolución de los salarios cobrados.
BENEFICIÓ HASTA AL CONSUEGRO
Ríos Ayala realizó pagos que en total sumaron G. 20 millones a favor de Luis Gustavo Galeano, suegro de su hijo y secretario privado David Ríos.
Solo en agosto del 2018 Galeano cobró la suma de G. 10.510.000 por servicios de vidriería y trabajos de pergolados. Un mes después, G. 4 millones por elaboración de madera para protección de plantas y en junio del 2019 la suma de G. 5.540.000 por servicios de carpintería.
Recordemos que el intendente también ubicó en la comuna a su consuegra Elena Cardozo de Galeano con el cargo de jefa de organización intermedia, con un salario de G. 3.800.000.
Otra observación hace referencia al incumplimiento del programa de almuerzo escolar.
En agosto del 2018, la municipalidad firmó contrato con la empresa Arte Culinario para la provisión de almuerzo escolar por la suma de G. 2.364.390.000 equivalente a 170.100 raciones a G. 13.900 cada una, a ser distribuidos en el ejercicio fiscal 2018 y 2019.
En el segundo semestre del 2018 se pagó la suma de G. 1.182.950.000 por 85.050 raciones de almuerzo escolar. El pliego de bases y condiciones señala que la distribución del almuerzo escolar se realizará por tres meses. Sin embargo, las 85.050 raciones fueron distribuidas en tan solo 45 días, hecho que genera dudas sobre si el alimento llegó a la población meta.
La CGR menciona además la falta de cumplimiento en la continuidad del contrato, puesto que del 1 de enero del 2019 al 31 de julio del mismo año, no se realizó distribución de almuerzo escolar. En ese sentido, refiere que la municipalidad no ejecutó el monto de G. 1.481.325.862 destinado para ese fin.
Otra falta que se cita en el documento es que los ingresos genuinos mensuales de la administración municipal no son depositados de forma íntegra.
Los ingresos percibidos en concepto de impuestos inmobiliarios, patentes, tasas, contribuciones, no son depositados íntegramente al día hábil siguiente de su percepción, “considerando que la administración municipal emite los comprobantes de ingresos por el monto total pagado por el contribuyente. Sin embargo, el mismo emite cheques diferidos en forma fraccionada y el sistema de gestión municipal no permite identificar los cobros efectuados con cheques”, expresa el documento.
Otra observación que hace la Contraloría es que recursos financieros que fueron obtenidos de un préstamo gestionado en los bancos Continental y Familiar para el financiamiento temporal de caja en el período 2018 fueron destinados a gastos corrientes.
El empréstito se solicitó por la suma de G. 1.500.000.000 y fue gestionado por la administración de Ríos Ayala a finales del ejercicio fiscal 2018 para cubrir el déficit temporal de caja para el último trimestre del año. La Contraloría pudo constatar que dichos fondos fueron destinados a financiar gastos corrientes de fin de año, con preferencia en los servicios personales, lo cual está prohibido por la Ley Nº 3966/10 “Orgánica Municipal”.
No está demás recordar que el intendente tiene encima una denuncia por nepotismo y otros hechos. La denuncia fue radicada en julio del 2019 por una pobladora de Villa Hayes.
Ese mismo mes, cuando la Junta Municipal quiso tratar un pedido de intervención de la comuna, seguidores de Esteban Ríos Ayala protagonizaron incidentes, impidiendo la sesión. Al mismo intendente se lo pudo observar como protagonista de algunos encontronazos con pobladores que pedían en las afueras de la Junta que su administración sea intervenida.