La fiscala general del Estado, Sandra Qui­ñónez, dispuso que el actual equipo de fiscales que investiga la liberación de 76 reclusos de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, en la madrugada del domingo 19 de enero, sea reforzado. A través de una resolución firmada el pasado martes fueron designados los fis­cales Osmar Legal, Juan Olmedo y Federico Delfino para adherirse a los trabajos de investigación.

Inicialmente, las pesquisas se iniciaron con las agentes fiscales Irene Álvarez, de la Unidad de Crimen Orga­nizado; acompañada por la fiscala contra el narcotrá­fico, Fabiola Molas, ambas titulares, y la fiscala Rei­nalda Palacios en carácter de coadyuvante.

Como parte del procedi­miento, las mismas se cons­tituyeron en el penal en cues­tión a fin de relevar todas las evidencias necesarias para la investigación de la causa. Además, se ordenó la deten­ción de un total de treinta y dos personas que actual­mente ya se encuentran impu­tadas por supuesta liberación de presos, asociación crimi­nal y frustración a la persecu­ción y ejecución penal.

Los investigadores llegaron ayer hasta el domicilio par­ticular del ex jefe de segu­ridad de la cárcel de Pedro Juan Caballero, Arnaldo Matías Báez, quien a la fecha se encuentra recluido en el mismo penal e impu­tado por ser uno de los sos­pechosos de haber formado parte de la liberación de los 76 internos, en su mayoría miembros de la agrupación criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).

El allanamiento se realizó a fin de buscar evidencias que tengan relación con la fuga masiva de internos, aten­diendo que Báez era el res­ponsable del penal mientras el director se encontraba con permiso. La vivienda está ubicada en el barrio Defen­sores del Chaco de la citada ciudad.

Otro allanamiento se hizo en la casa del ex director del penal, Cristian González. El fiscal Legal encabezó el pro­cedimiento realizado en la ciudad de Emboscada.

Al respecto, la fiscala Álvarez, quien encabezó el procedi­miento, señaló que buscarán los elementos probatorios en todos los lugares necesarios, teniendo en cuenta que tie­nen mucha relevancia dentro de la investigación.

Asimismo, se realizó otro procedimiento fiscal en el hotel Eiruzú y estuvo encabezado por agentes de Investigaciones de la Policía Nacional. Tras este procedi­miento, quedaron aprehen­didas dos personas que no portaban documentos par­ticulares y, por ende, fue­ron derivadas hasta la base de la dependencia policial para lograr identificarlas y así constatar si se trata o no de los reos fugados.

Otro de los hechos llamativos fue la información de que la fis­cala Reinalda Palacios, quien también investiga la causa, es esposa del jefe de la comisaría 3ª de Pedro Juan Caballero, Juan José Ortiz. Dicha depen­dencia policial es la encargada del resguardo de la zona donde se encuentra la penitenciaría regional. La fiscala manifestó que serán sus superiores quie­nes determinen si su matrimo­nio con el jefe policial es o no causa de inhibición.

Juan Claudio Gaona, representante externo de la empresa SIT, encargada de la seguridad de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, manifestó que el día de la liberación de los 76 reos del penal las diez y seis cámaras estaban en funcionamiento, según el informe técnico con el que cuenta la empresa.

Comentó a Universo 970 AM que en el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación indicaba que debía haber tres bases de monitoreos, una en el local de la peni­tenciaría, la otra en el Ministerio de Justicia y la tercera en la empresa. Las tres bases funcionaban y estaban interco­nectadas. También informó que el contrato que comenzó en el 2017 venció el año pasado (2019), pero como no se llamó a licitación siguieron operando.