Una de las primeras medidas tomadas por el Ministerio de Justicia, a cargo del sis­tema penitenciario de nues­tro país, fue suspender las vacaciones de todos los fun­cionarios que trabajan en las cárceles del país. Esto es a raíz de la liberación escandalosa de integran­tes del Primer Comando Capital (PCC), que se pro­dujo ayer de madrugada en el reclusorio de Pedro Juan Caballero.

Según la disposición ministerial, todos los trabajadores y funciona­rios deberán presentarse a trabajar a partir de este lunes, informó el portal de noticias Hoy.com.py.

La comunicación de la suspensión de las vaca­ciones se produjo a tra­vés de la Circular N° 04/2020, emanada de la Dirección General de Talento Humano del ministerio que dirige la Dra. Cecilia Pérez. Por la misma, el documento suspende las ferias de todo el personal afectado a las penitenciarías del país, que son 16 en total.

La medida se da en el marco de la Ley N° 6365 que declara “situación de emergencia” en todos los establecimientos peni­tenciarios del territorio de la República del Para­guay y, principalmente, en atención a la fuga de 75 reos de la cárcel de Pedro Juan Caballero.

Tras la liberación de los 75 reclusos, autorida­des de la citada cartera dispusieron el sumario de los mismos mientras que el Ministerio Público dispuso la detención de los 30 guardiacárceles que estaban de turno (26 hombres y cuatro muje­res). Los mismos están sospechados de haber actuado en conniven­cia con los ideólogos del escape de película que protagonizaron los inter­nos.

El ministro de la Secre­taría de Inteligencia, Esteban Aquino, sos­tuvo ayer en conferencia de prensa que existe un trabajo entre las institu­ciones de seguridad para indagar sobre este tipo de acciones.

Asimismo, expresó que las organizaciones crimi­nales reaccionan debido a los golpes continuos asestados por parte del actual gobierno contra estos verdaderos crimi­nales.

Todo estaba encaminado para que el Estado paraguayo reformule parte del sistema penitenciario con la construcción de 4 nuevas penitenciarías. Pero el gobierno actual, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), centralizó todos los proyectos importantes, paralizando la iniciativa del anterior gobierno sin ofrecer argumentos técnicos y basarse sí en aspec­tos políticos.

No obstante, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, visitó el 15 de enero los trabajos de construcción de una cárcel en el municipio de Minga Guazú. El nuevo penal tendría una capacidad de 1.320 reclusos, con pabello­nes de máxima seguridad, está a cargo del consorcio AGB-Tocsa SA y la inver­sión es de G. 67.799 millones con un plazo de entrega de 16 meses.