Amancio Rivas Fre­tes, interventor de la Municipalidad de Lambaré, indicó que ya se cuenta con una recaudación considerable para comenzar a saldar las deudas con los funcionarios de la comuna.

“En menos de 15 días ya esta­ríamos saldando deudas y aguinaldos con los funcio­narios”, indicó el abogado, de acuerdo con la publica­ción de la página digital HOY. Rivas había mencionado días atrás que el pago de los sala­rios sería “una prioridad” durante su gestión.

Hasta el momento, el muni­cipio tiene deudas por unos G. 20.000 millones y cientos de funcionarios aún no perci­bieron sus salarios ni aguinal­dos. Por otro lado, los ediles de Lambaré hicieron la popular “vaquita” con el fin de entre­gar G. 1.000.000 a los trabajadores que se encontraban en huelga para poder brindarles la oportunidad de pasar las fiestas de manera digna hasta que cobren sus haberes.

Rivas fue designado como interventor por el jefe de Estado, Mario Abdo Bení­tez, el pasado 23 de diciembre. De acuerdo con lo mencio­nado por el jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo, Juan Ernesto Villamayor, aguar­dan que el letrado realice con “objetividad” el proceso de intervención.

La Cámara de Diputados había aprobado el miér­coles 18 de diciembre la intervención de la Muni­cipalidad de Lambaré con un total de 59 votos, ante las denuncias de irregula­ridades en la administra­ción del intendente liberal Armando Gómez.

Por otra parte, los ediles denunciaron que habría indicios referentes a una supuesta recaudación para­lela en la comuna. El con­cejal Daniel Molinas mani­festó a la radio 730 AM que una firma había pagado G. 102 millones, mientras que en los documentos oficiales solamente figuraba el pago de un total de G. 12 millones.

El intendente de Lambaré, ahora separado del cargo, Armando Gómez, fue detenido el pasado 5 de diciembre luego de que el Ministerio Público recibiera la confirmación de la Contraloría General de la República (CGR) de haber detectado irregularidades en la gestión del jefe comunal.

La agente fiscal Laura Romero había firmado la orden de detención por el hecho punible de lesión de confianza. Además, solicitó igualmente la detención del ex director administrativo, Roberto Paredes Ojeda, quien había renun­ciado al cargo semanas antes.

Sin embargo, el juez Camilo Torres, el 6 de diciembre otorgó medidas alternativas a la prisión a ambos con liber­tad ambulatoria mientras dure el proceso de investigación.

Por su parte, Gómez señaló que este hecho se veía venir y que era parte de una persecución política.

Gómez es investigado por la presunta comisión de lesión de confianza y estafa, a raíz de un posible daño patrimonial de G. 1.600 millones.