La corrupción y des­víos de fondos en distintos munici­pios del país fueron pun­tos cruciales de debate en la Cámara de Diputados en este 2019. En total fue­ron presentados 23 pedi­dos de acuerdo constitucio­nal para la intervención, de los cuales fueron aproba­dos solo 7. Las críticas no se hicieron esperar, ya que algunas de las intervencio­nes fueron bastante cues­tionadas porque apuntaron al salvataje político.

La primera intervención cuestionada y polémica se dio con la Municipalidad de Ciudad del Este (Alto Paraná), que estuvo bajo la administración de San­dra McLeod de Zacarías, quien fue destituida del cargo en febrero de este año. El pedido de inter­vención fue aprobado en noviembre del 2018, mien­tras que el proceso que ter­minó con la destitución de McLeod culminó este año.

Otra de las intervencio­nes que se dieron recien­temente fue la de la Muni­cipalidad de Lambaré (Central), bajo la admi­nistración del liberal Armando Gómez. En este caso, el proceso recién fue iniciado en diciembre de este año y se aguarda la con­clusión y el informe final del interventor designado para dentro de 3 meses para que la Cámara Baja apruebe o rechace la destitución de Gómez en el cargo de inten­dente.

Entre algunos de los pun­tos cuestionados en la administración de Gómez se mencionó el acuerdo por deuda con la Caja Municipal, que no contó con la homologación de la Junta Municipal, pero de igual manera se proce­dió al pago de una parte de la deuda. Asimismo, fue citado que la Direc­ción Nacional de Contra­taciones Públicas emitió un dictamen sobre irregu­laridades en el proceso de declaración de emergencia vial de G. 12.000 millones para varios contratos.

Los municipios que ya fue­ron intervenidos este año fueron: Humaitá (Ñeem­bucú), San Pablo (San Pedro), Benjamín Aceval (Presidente Hayes), San Carlos del Apa (Concep­ción) y Francisco Caba­llero Álvarez. Mientras tanto, la Cámara de Dipu­tados rechazó y derivó al archivo otros 16 pedidos de intervenciones. Está en proceso Lambaré y ahora podría definirse en enero la intervención de la comuna de Asunción que dejó Mario Ferreiro por denuncias gra­ves de corrupción (recauda­ción paralela).