El ministro de Hacienda, Benigno López, justi­ficó el pago de aguinal­dos extras en concepto de sub­sidio familiar a funcionarios de una veintena de institucio­nes del Estado, argumentando que son derechos contempla­dos en los contratos colectivos firmados con los trabajadores del sector público y anunció el inicio de una revisión general de los contenidos de los mis­mos.

“Esos son derechos que están ahí. Me pueden gustar o no. Muchas cosas de los contra­tos colectivos donde yo estoy suenan a que son muy genero­sos con el sector público. Los mismos requieren de una revi­sión general, de una decisión importante en el Poder Eje­cutivo, que implica pelearse con todos”, manifestó a radio Monumental.

La administración central destinará en este ejercicio 76 millones de dólares (unos 450.000 millones de guara­níes) a pagos en concepto de subsidio familiar. Cada fun­cionario percibirá cerca de 4 millones de guaraníes.

De acuerdo a lo señalado por López, los derechos incorpo­rados en los contratos colec­tivos ya están siendo anali­zados por los técnicos de la cartera de Estado a los efec­tos de tomar las previsiones que sean necesarias para no caer en gastos excesivos. “En julio pusimos una restricción en la que se debería pedir un permiso especial o una auto­rización al ministerio y empe­zamos a revisar un poco qué hay dentro de cada contrato, de tal manera a buscar solucio­nes a tiempo. Eso va a permitir este año un ahorro de cerca de 10 millones de dólares en ese rubro”, aseguró.

Expresó, en ese sentido, que los trabajos deben realizarse de a dos para evitar la gene­ración de una manifestación masiva de parte de los afecta­dos. “Hay algunas otras cosas que se deberían ver, pero te digo, eso tenés que hacer de a dos, o si no yo voy a tener a todo el sector público en la ventana, como tuve todo el año, recla­mando sus derechos que para ellos es justo”, indicó. Según dijo, el ministerio a su cargo es la institución que desembolsa menos recursos en beneficios extraordinarios en compara­ción con otros entes similares.

La decisión del Ministerio de Hacienda, de destinar 76 millones de dólares al pago de subsidio familiar, generó duras críticas por parte de representantes de todos los sectores, quienes recordaron que desde esa cartera de Estado se exigió austeridad en el manejo de los recursos públicos; sin embargo, reservó esos fondos para cum­plir con los “aguinaldos extras”.

Políticos como empresarios mani­festaron sus cuestionamientos y reclamaron poner fin al festín en el sector estatal, mientras que áreas como educación y salud son sensiblemente afectadas por la falta de presupuesto. El senador colorado Enrique Bacchetta sostuvo que la disposición va de con­tramano con todo lo que se hizo durante el tratamiento del Presu­puesto 2020 para respetar el tope de gastos estatales para ajus­tarlo a la capacidad de generación de ingresos del fisco.