• Por Lourdes Pintos
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La Dirección Nacio­nal de Correos del Paraguay (Dinacopa) miente al afirmar que la ase­sora jurídica Delia Noemí Guerrero ingresó al ente ya después de que su marido Ronald Ariel Díaz haya sido contratado como proveedor del servicio de transporte de valores de la institución.

A través de documentaciones a los que accedió La Nación, se puede comprobar que la mujer está en la Dinacopa ya desde el mes de julio del año pasado (2018), ya que formó parte del equipo de transi­ción con el que arrancó la nueva administración del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

En ese entonces, era otra la empresa encargada del tras­lado de dinero de una entidad a otra. Recién a inicios del mes de setiembre se realizaron los cambios y fue adjudicada la firma RD Consultora Adua­nera, cuyo propietario es nada menos que el esposo de la ase­sora. Por ende, resulta prácti­camente imposible que la con­tratación se haya dado antes del ingreso de su mujer al ente.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la dirección general de la Dina­copa días pasados salió al paso de la investigación publicada por este medio, en la que se denuncia que el marido de la funcionaria en cuestión fue beneficiado con el millonario contrato, sin haberse hecho un concurso para su contratación.

Al respecto, el documento manifiesta que “la abogada Delia Guerrero, esposa del señor Ronald Ariel Díaz, actual asesora jurídica de nuestra institución, no for­maba parte del plantel de funcionarios de la Dina­copa, ni siquiera era funcio­naria pública al momento de la contratación de la firma RD”. Pero existe una resolución que contradice estas afirmaciones.

Se trata de la Resolución Nº 782, del 18 de julio del 2018. Este documento hace refe­rencia al Decreto Presiden­cial Nº 9.020 del 4 de junio de ese mismo año, por el cual se crea el equipo de transición a fin de realizar las tareas con­cernientes al corte y traspaso administrativo en las insti­tuciones dependientes del Poder Ejecutivo y se desig­nan coordinadores. En la lista de nombres de los integran­tes del equipo, aparece ya la actual asesora jurídica Delia Noemí Guerrero.

Si bien es cierto que el nom­bramiento de Guerrero se dio recién tres meses des­pués, el 21 de octubre de ese año, con la aparición de estos documentos incluso aumenta la sospecha de un posible intento de encubrimiento de las irregularidades denuncia­das por este medio por parte de las autoridades de la insti­tución, cuyo director es Luis Fernando Servín.

Una de las irregularidades detectadas en la Dinacopa es precisamente la contra­tación de Ronald Díaz para prestar el servicio de trans­porte de caudales de la Dirección de Correos. Si bien es cierto que la Ley 2.051 “De Contrataciones Públicas” excluye del llamado a licita­ción las contrataciones de transporte de correo inter­nacional y las de transporte interno de correo, el artículo 21, inciso f, solo menciona a estos dos servicios, no así a la contratación del servicio de transporte de valores.

Además, la Ley 1.626/2000 “De la Función Pública”, en su artículo 60, inciso h, clara­mente prohíbe al funcionario público “intervenir directa­mente, por interpósita per­sona o por actos simulados, en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier pri­vilegio por parte del mismo, que importe beneficio propio o de terceros”; en este caso, el beneficiado es el marido de Delia Guerrero, la asesora jurídica de la Dinacopa.