El ministro de Educa­ción, Eduardo Petta, intimó a la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, a que en veinticuatro horas se retracte de sus “expre­siones injuriosas y calumnio­sas”, caso contrario amenazó con iniciar medidas legales.

El ministro recurre a esta medida en medio del escándalo generado por la denuncia reali­zada por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR), luego de constatar que cinco minis­tros y un ex ministro mintie­ron en su Declaración Jurada de Bienes (DJB). Petta es uno de ellos. Sin embargo, en lugar de aclarar la situación, él ataca a quienes lo cuestionan. Todo se originó el pasado martes tras la publicación de un tuit de la senadora Martínez en el que insinuó que el secretario de Estado mintió en su decla­ración jurada para evitar pagar prestaciones alimentarias a sus hijos.

“Ministro Eduardo Petta, usted que se define ‘provida’, ¿miente sobre su declaración jurada para no pagar presta­ciones alimentarias a sus hijos? Por favor renuncie, no puede seguir como ministro de Edu­cación”, escribió la senadora en su red social.

Al parecer esto molestó a Petta, tanto que remitió el mencio­nado colacionado a Martínez y además lo publicó también en su Twitter. “Injuriar escu­dándose en una interrogación es un juego falaz y oportunista, las reglas democráticas se sus­tentan en las leyes y en valores. Tengo principios, defiendo la vida y al sistema que nos rige. Como padre, ciudadano y fun­cionario doy testimonio con mis actos”, escribió Petta en su red social y adjuntó la imagen del documento de intimación.

En el mes de abril pasado, se inició una demanda por pres­tación alimentaria en el juz­gado de Encarnación en con­tra del ministro de Educación. La resolución de la jueza que llevó la causa fue la de aprobar el pedido a favor del niño. Lo que llama la atención es que solamente se aprobó el monto mensual de G. 1.500.000, cuando por ley lo que corres­ponde es el 25% del salario de la persona demandada.

El pasado lunes el contra­lor general, Camilo Benítez, denunció a varios ministros que aparentemente mintie­ron en su Declaración Jurada de Bienes (DJB) presentada ante la Contraloría, motivo por el cual pidió a la fiscala general del Estado, San­dra Quiñónez, que investi­gue estas irregularidades. Los secretarios de Estado son Eduardo Petta (Educa­ción), Carla Bacigalupo (Tra­bajo), Dany Durand (Urba­nismo, Vivienda y Hábitat), Nilda Romero (Mujer), Mario Varela (Desarrollo Social) y Denis Lichi, ex ministro de Agricultura.