Senadores y diputados que integran la Comi­sión Bicameral de Investigación y Seguimiento del Acta Bilateral, relativa a la contratación de potencia de la usina hidroeléctrica y cuestiones relacionadas al Tratado de Itaipú, presen­taron ayer seis dictámenes diferentes. De esta manera, la CBI presentó conclusiones individuales y colectivas a las que arribaron sus integran­tes tras dos meses de investi­gación respecto a la firma del acuerdo con el Brasil el 24 de mayo pasado.

Los miembros de la CBI con­sideraron remitir todas las posiciones tanto al pleno de ambas cámaras del Congreso como al Ministerio Público. Algunos miembros conside­ran que se configuran hechos punibles y otros alegan que el acta solo es un documento administrativo, ya sin valor.

El senador del Frente Guasu Jorge Querey presentó sus propias conclusiones ante la CBI. Entre estas destaca las acusaciones de mal des­empeño en sus funciones de Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, presidente y vicepresidente del país. De acuerdo con Querey, las actuaciones denunciadas configurarían hechos puni­bles previstos y penados en nuestra legislación, por lo que considera que se hallan plena­mente enmarcados cuando menos en el hecho delictual establecido en el Art. 192 inc. 2º del Código Penal Para­guayo en concordancia con otros artículos relacionados al mismo. Los hechos cometi­dos también constituyen mal desempeño de las funciones, según el Art. 225 - Del Proce­dimiento (Sección VI del Jui­cio Político).

En tanto, el diputado Fer­nando Oreggioni y el sena­dor Eusebio Ramón Ayala presentaron una conclusión conjunta. Sostienen que el acta bilateral firmada por las Altas Partes Contratantes, Paraguay y Brasil, es perjudi­cial a los intereses de la Ande y, en consecuencia, del Para­guay, porque significa acep­tar la pérdida de posiciones consolidadas y la renuncia de los derechos adquiridos; y consentir el aumento sustan­cial de los costos de adquisi­ción de la energía en muchos millones de dólares, y en esta­blecer el cronograma de con­tratación de potencia hasta el 2022 afectando los intereses de la Ande.

Consideran, por consi­guiente, que los responsa­bles son el presidente de la República, el ex canciller Luis Castiglioni y el ex embajador Hugo Saguier Caballero.

En defensa del presidente Mario Abdo, el diputado Colym Soroka sostuvo que el acta bilateral no conlleva perjuicio para la Ande ni para el país en lo que refiere espe­cíficamente a la potencia que iría a ser contratada; además, el compromiso de contrata­ción es inferior a la propuesta de contratación indicada por la Ande.

Por otra parte, expresa que el acta no tuvo efectos o con­secuencias técnicas ni de ningún orden, pues antes de que se firmen los contra­tos respectivos entre Itai­pú-Ande-Eletrobrás, el Eje­cutivo ordenó dejar sin efecto dicho documento haciendo uso de los derechos sobera­nos del país. Alega, por tanto, que el acta no tiene carácter de convenio, nota reversal o instrumento que modifica el tratado, por lo que debe ser considerado como un docu­mento administrativo, sos­tuvo Soroka.

El senador Enrique Bacche­tta, en defensa del presidente Abdo, sostuvo en su alocu­ción que, por sobre todo, el error de estrategia fue del ex presidente de la Ande Pedro Ferreira, al no dar prioridad a las negociaciones. Culpó al ex director técnico de Itaipú el Ing. José Sánchez Tillería y sostuvo que mintió. Por otra parte, sostuvo que el presi­dente Abdo puede delegar las relaciones internaciona­les, tanto en el canciller como en sus embajadores. Alegó que el presidente Abdo hizo uso de su prerrogativa ante la ambi­güedad que suscitó el tema de embalse. Por eso solicitó la derogación de esa acta, por lo que jamás se plasmó en un contrato y no existe, atinó a decir Bacchetta.

El senador Antonio Barrios, de Honor Colorado, sostuvo que “presenté mi dictamen y me sostengo en que el documento (acta bilateral) resultó altamente perjudicial para el país. Existe responsabilidad del presidente de la República, Mario Abdo; del ex canciller Luis Castiglioni y del embajador Hugo Saguier Caballero”.

El senador Barrios concluyó que el acta bilateral fue perjudicial a los intereses de la Ande y para el Paraguay porque significó aceptar la pérdida de posiciones consolidadas y la renuncia a derechos adquiridos, al con­sentir el aumento sustancial de los costos de adquisición de energía en millones de dólares. Barrios culpó también al Ing. Alcides Jiménez, aunque en menor grado, así como a José Sánchez Tillería, por su calidad de asesor oficioso.

“Estoy convencido de lo que se investigó, no voy a cambiar mi posi­ción. Vamos a someter cada uno de los dictámenes ante el pleno. Es claro que no vamos a llegar a un acuerdo sobre los responsables”, sostuvo.