El presidente de la Cámara Alta, el senador Blas Llano (PLRA), afirmó que será necesario realizar cam­bios en el gobierno de Mario Abdo Benítez en caso de con­firmarse que efectivamente algunas autoridades mintie­ron en su declaración jurada, según lo denunció la propia Contraloría General de la República (CGR). Consul­tado sobre si para esta situa­ción se aplica la frase “caiga quien caiga”, que el propio Abdo había manifestado, dijo que sí, pero que prime­ramente hay que confirmar la veracidad de las acusaciones.

“Si se confirma, sí, pero no podemos apenas presentado eso confirmar o no confirmar. Veo que algunos de los afecta­dos están haciendo aclaracio­nes, hay que ver si esas aclara­ciones llenan las expectativas o no, si se compadecen o no del dictamen de la Contra­loría. Hay muchas cosas que evaluar antes de emitir una opinión. En el hipotético caso de comprobarse esto, lógico que hay que realizar los cam­bios correspondientes y asu­mir las responsabilidades respectivas”, señaló Llano.

Agregó que es necesario tener en cuenta la opinión de la CGR, de tal manera que también las autoridades que se sientan afectadas por estas afirmaciones tengan la opor­tunidad de hacer sus descar­gos correspondientes.

“De acuerdo a eso, la Contra­loría evaluará si son suficien­tes sus descargos o no. Si no fueran suficientes, segura­mente remitirá, si considera que existe la posibilidad de la perpetración de un delito, al Ministerio Público”, expresó.

Respecto al informe solici­tado por el Senado a la CGR en el mes de setiembre pasado, que hace referencia a las decla­raciones juradas de diversos parlamentarios, que hasta la fecha no les fueron remitidas, Llano aclaró que desde la ins­titución en cuestión manifes­taron que tienen previsto rea­lizar el informe no solo con algunos, sino con todos los funcionarios estatales, por ende lo realizarán por partes.

“Lo que la Contraloría dijo y lo que el contralor manifestó es que piensan hacer eso no sola­mente de algunos ministros, sino de todos los funcionarios del Estado paraguayo, y que ello les llevaría mucho tiempo; lo van a hacer por parte y lo van a remitir por parte. Entiendo que esa primera parte empezó ayer, aunque nosotros oficialmente no recibimos esa comunica­ción. Ellos argumentan que no tienen ni el personal suficiente ni la capacidad logística sufi­ciente como para hacerlo todo de una vez”, sostuvo.

Finalmente dijo que se ten­dría que estudiar en el pleno para ver qué decisión tomar en caso de que el órgano con­tralor no remita el informe solicitado dentro del plazo establecido en la Constitu­ción Nacional.

Los ministros Eduardo Petta, Carla Bacigalupo, Nilda Romero, Mario Varela y Dany Durand, al igual que el ex ministro de Agri­cultura Denis Lichi, son acusados por la Contraloría General de la República de adulterar los datos de su declaración jurada de bienes. Varios de los afectados salieron al paso de la denuncia tratando de justificar la situación.

Al respecto, el ministro Petta se defendió insinuando que podría tratarse de una cuestión política, ya que Armindo Torres, direc­tor General de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, trabajó en el Senado y sería uno de los hom­bres de confianza del senador Juan Darío Monges. En cambio, la ministra Bacigalupo, en entrevista con la 730 AM, dijo sen­tirse sorprendida, ya que supuestamente no se hizo ningún paso previo.

Agregó que su período de declaración abarca desde el año 2001 al 2016 y en todos hay total correspondencia, a excep­ción de la cuarta y la quinta parte de abril del 2006 hasta agosto del 2007, cuando se desempeñaba como relatora de JICA. Otro de los acusados es el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, quien sostuvo que espera poder hacer su descargo, ya que al parecer pudo existir un error involuntario. Mientras que Durand, en su intento de defenderse, dijo que está violando la Constitución Nacional al ejercer también el comercio en el sec­tor privado y, por ende, sus bienes provienen de sus inversiones.