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Esta empresa, que entre sus antecedentes tiene denuncias por incum­plimientos y supuestas sobrefacturaciones, firmó contrato con el Ministe­rio de Justicia en el marco de una licitación de más de G. 44.000 millones para la adquisición de alimentos para las personas privadas de libertad.

Granos y Aceites es una de las cuatro firmas adjudi­cadas en la licitación y el pasado 1 de octubre suscribió contrato por un máximo de G. 19.613 millones. Las otras son: Frigorífico Guaraní (G. 6.964 millones), Manuel Luis Román Solís (G. 17.278 millones) y Unpar SA (G. 417 millones).

La empresa no goza de buena reputación, pues sus antece­dentes no la ayudan mucho. Entre el 2013 y el 2015 era investigada por la Fisca­lía por una presunta estafa contra la entonces Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).

De acuerdo a los anteceden­tes, la firma fue adjudicada para proveer de insumos a la SNNA para la polémica campaña “Un vaso de leche”, pero el proyecto finalmente no pudo llevarse a cabo por­que varios productos no fue­ron entregados. También informes de la Contraloría advertían de una sobrefac­turación de G. 3.642 millo­nes sobre el contrato, que ascendió a G. 25.628 millo­nes.

Otros proveedores que se presentaron al llamado de la cartera de Justicia y quedaron fuera denuncia­ron hechos llamativos en el proceso de la licitación. Por ejemplo, que el concurso de precios se habilitó el 9 de agosto, sin embargo, la firma Granos y Aceites ya contaba con el certificado de nacio­nalización del Ministerio de Industria y Comercio. Sos­pechan que la empresa fue avisada con antelación de la licitación para adelantarse y pedir el documento.

Desde el Ministerio de Jus­ticia señalaron que la citada empresa no está inhabilitada y ni siquiera llegó a ser amo­nestada por Contrataciones. Sostienen que se trata de una “guerra de proveedores”.