La improvisación y el desinterés del Gobierno en el manejo administrativo del país avizo­ran panorama muy compli­cado para las arcas del Estado en el 2020 y, de seguir así, se podría hasta llegar a una cesa­ción de pagos, según advir­tieron analistas económicos.

Por un lado, se tiene una fuerte reducción de los ingre­sos tributarios y por el otro, un aumento de los gastos corrientes. Como si esto no fuere más que preocupante, desde el Poder Ejecutivo se hace la vista gorda a los des­pilfarros del dinero público. A modo de ejemplo se pue­den citar a Petropar, Direc­ción Nacional de Aduanas y Ministerio de Trabajo. A la par, planilleros copan los entes de parte de persone­ros ligados al mismo jefe de Estado, como el caso del dipu­tado Miguel Cuevas.

El ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, señaló a La Nación que a la fecha el fisco registra una merma en sus ingresos en torno a los 250 millones de dólares y que si se aceptan los reclamos sala­riales de los trabajadores del sector público, durante el próximo ejercicio, el Estado no contaría con los fondos para pagar los sueldos.

Por otro lado, un informe proveniente de la misma Dirección Nacional de Adua­nas (DNA) señala que lo recaudado al cierre del mes de agosto pasado es menor en un 3,2%, con respecto a lo obtenido en el mismo periodo del año pasado, y la situación tiende a empeorar. Vale decir, este ejercicio se cerraría con una importante disminución de los ingresos, lejos del superávit conse­guido al cierre del 2018.

En este escenario, el Estado no solamente debe generar los recursos para cubrir las demandas de su crecimiento natural en el 2020 (Policía Nacional, Fuerzas Arma­das, docentes, médicos, etc.), sino además, tiene que hacer frente a una serie de reivin­dicaciones salariales del fun­cionariado público. Algunos de estos reclamos ya fueron consensuados y hasta tienen un respaldo legal.

Otra de las intocables es Patricia Samudio, quien cobró noto­riedad apenas llegaba a la institución por depositar recursos de la empresa en bancos privados, cuando que la ley dice clara­mente que el dinero tiene que ser remitido al Banco Nacional de Fomento (BNF). Una de las entidades financieras beneficiadas fue el banco GNB, que operaba con la firma Triqueta SA, cuyo princi­pal accionista era su marido José Costa Perdomo, donde la familia tenía una deuda de 2.000 millones de guaraníes.

Más tarde, ven­dió 7,5 toneladas de combustibles a la empresa Monte Alegre SA, ligada al asesor del Ejecutivo, Conrado Hoeckle, a días del anuncio del aumento de los precios en el mercado local. Otras de la anor­malidades fue la firma de contratos con el PNUD para realizar lici­taciones por 3,3 millones de dólares, con el objetivo de evadir el control de la Dirección de Contrata­ciones. Samudio desea ahora una reprogramación presupuestaria de 28.000 millones de guaraníes para bonificaciones y horas extra de la planta Troche.

Un total de 70 “recomendados” de Miguel Cuevas, que represen­taban un gasto de G. 1.060 millones a la ANNP (6 meses), fue el principal “aporte” hecho por el político como titular de Diputados. Todos sus allegados ingresaron a la institución sin ningún tipo de concurso de mérito.

Entre los amigos de Cuevas figuraban enton­ces Pedro Alberto Candia, con un sueldo de G. 8.360.000; Alfredo Tadeo Cabral, con un salario de G. 7.040.000; Evelin Mabel Gon­zález, con un salario de G. 7.040.00; Eliseo Duarte Flores, con un honorario de G. 5.628.800 al mes; Librada Ocampos Colmán, con una asignación de G 5.628.800; y Fabiana Ginard Lezcano, con un ingreso de G. 4.747.500, entre muchos otros. Cuevas incorporó a alrededor de 300 recomendados políticos entre nombrados y contratados. La Dirección de Recursos Humanos confirmó que ni un solo concurso se realizó para el masivo ingreso. La mayoría de ellos aún permanecen en los “puestos” que les fueron asignados.

Apenas asumió el cargo de director de Aduanas (en octubre), nombró como su asesor a su ex com­pañero de proyectos del PNUD, Marcos Manuel Fretes Silguero, con un ingreso de G. 28 millones al mes, sin experiencia alguna en el ámbito aduanero. Cabe mencionar que la DNA registró en enero un déficit del 7%, en febrero similar porcentaje y en marzo el descenso llegó al 8%. A pesar de todo, Paraguay fue sede este año de la Conferencia de Directores de Aduanas de América Latina y el Caribe, que se realizó del 29 de abril al 3 de mayo.

La institución, como anfitriona, adjudicó vía licitación 1.000 millones de guaraníes para solventar todos los gastos que impli­caron un evento de tal envergadura, pero también, para cubrir los costos de las reuniones y congresos, así como espacios culturales, musicales, fiestas con shows artísticos, paseos y variados menús gastronómicos.

El otro caso que no inmuta al jefe de Estado es el rela­cionado a lo ocurrido en el Ministerio de Trabajo, en donde las anormalidades de la administración de Carla Bacigalupo fueron revela­das por una auditoría del mismo Poder Ejecutivo y posteriormente la Contralo­ría General de la República hizo llegar sus sugerencias de revisión de los procedimientos y objetó la administración de la ministra.

Entre las innumerables irregularidades se señalan per­secuciones, nepotismo, despilfarro, deficiencias en procedimien­tos de compras públicas y transgresiones laborales de parte de sus proveedores en el SNPP. Bacigalupo, generosa con el dinero ajeno, no solamente contrató con jugosos salarios a sus allega­dos, sino también a parientes de varios influyentes políticos y seccionaleros.

La mencionada ministra, a dos semanas de asumir el cargo, ubicó a su yerno Darío Muñoz como director de Planifi­cación de la cartera de Estado y luego lo trasladó al SNPP. Tam­bién benefició a políticos de su entorno, como los diputados colo­rados Miguel Cuevas (contrató a su hija) y Arnaldo Samaniego, a los familiares de su secretaria, a la prima del director de Yacyretá (Nicanor Duarte Frutos) y hasta a parientes de periodistas. A pesar de todas las denuncias en su contra, y de las persecucio­nes en su ministerio, el presidente Mario Abdo se encapricha en tenerla en su equipo del Gabinete.

El senador Silvio Ovelar, en su carácter de presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, convoca a los miembros de esta mesa de trabajo a una reunión con el ministro de Hacienda, Benigno López, y a ex ministros de esta cartera de Estado, para el inicio del estudio del plan de gasto 2020. El encuentro está previsto a las 10:30 en la sala de reuniones de la comisión (planta baja).

El estudio presupuestario se iniciará con el ámbito de seguridad. Autoridades deberán defender su presupuesto y exponer ante los legisladores sus planes de trabajo para el periodo 2020. Para las 14:00 recibirán a Juan Ernesto Villamayor y al comandante de la Policía Nacional, Crio. Francisco Resquín. A las 15:30 estarán el Gral. (SR) Bernardino Soto Estigarribia y comitiva.

La Comisión Bicameral tiene 60 días para recibir a las autorida­des estatales y emitir su dictamen. Tienen tiempo hasta el 21 de octubre para completar las audiencias. Se reunirán los lunes a las 14:00 y los martes entre las 9:00 y las 17:00.