• POR LOURDES PINTOS
• Periodista
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La administración de Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), no ejecutó una millonaria póliza que corres­ponde a la garantía que la empresa Laya Construccio­nes SA debía abonar al Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en caso de incumplimiento de con­trato. A raíz de esto, la insti­tución no recibió la suma de G. 1.216.974.144, según el resul­tado final de la auditoría rea­lizada por el Poder Ejecutivo. Según Luis Cardozo, minis­tro auditor de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), este es uno de los pun­tos que deberían ser analiza­dos con mayor profundidad.

Por más de dos años, Laya Construcciones SA fue la firma encargada del servicio de lim­pieza de la sede central y las sedes regionales del SNPP; sin embargo, en agosto del 2018, cuando Bacigalupo asumió como ministra, comenzaron los inconvenientes, según lo confirmó Carlos Ayala, direc­tivo de Laya.

Tras una auditoría realizada por el MTESS, se constató que esta empresa no contaba con seguros por accidentes de trabajo para sus funcionarios, por lo tanto se les dio un plazo para ponerse al día. Ayala ase­gura que realizaron las gestio­nes correspondientes y cum­plieron con lo establecido en el plazo fijado por las autoridades del ministerio; sin embargo, desde la entidad determinaron que la rescisión del contrato era inevitable a pesar de que la empresa ya estaba al día con todas sus obligaciones.

Una vez que finalizó el acuerdo laboral entre ambos entes, desde el MTESS quisieron cobrar la garantía desig­nada para estos casos, pero la empresa afectada por las deci­siones internas del ministerio y la aseguradora determinaron que no corresponde el pago de la póliza porque la firma Laya no incumplió ninguna de las cláusulas y, por lo tanto, la res­cisión del contrato no fue por culpa de la misma.

Según fuentes fidedignas, a raíz de las innumerables irregulari­dades detectadas y publicadas por La Nación, el presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, habría tomado la decisión de cambiar a Bacigalupo y su destitución sería oficializada en los próximos días.

En el informe de la Audito­ría General del Poder Ejecu­tivo se menciona una serie de situaciones que deben gene­rarse para que la institución, en este caso el SNPP, pueda acceder al monto establecido en concepto de garantía. Uno de los requisitos es que la resci­sión del contrato sea por culpa del contratado.

En su descargo, el MTESS sos­tiene que se realizaron todos los procedimientos para el cobro de la póliza como la comunicación de la reso­lución de rescisión de con­trato, tanto a Laya como a la empresa aseguradora. No obs­tante, resaltan que la firma en cuestión interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución, el cual fue recha­zado por la Dirección Gene­ral de Asesoría Jurídica el 24 de octubre del 2018.

A pesar de esto, siempre de acuerdo a lo relatado por representantes del ministe­rio, la aseguradora contrató a una empresa liquidadora de siniestros y esta sostuvo final­mente que el pago de la garan­tía al SNPP no corresponde. En respuesta, el equipo auditor se mantiene en la existencia de irregularidades, ya que sostiene que en las documentaciones remitidas por el MTESS no obra intimación alguna por el asegu­rado, por lo que el “siniestro” no ha quedado configurado.