• POR LOURDES PINTOS
• Periodista
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La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Baci­galupo, negó que la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) haya detectado irre­gularidades en su gestión y, por ende, un posible daño patrimo­nial. En su intento de minimi­zar los hechos, afirmó que lo que la auditoría detectó fue­ron solo faltas administrati­vas. Sostuvo además que “ni por asomo” la AGPE reco­mendó investigar esas presun­tas malversaciones. En cuanto a su posible destitución, dijo que solo se trata de rumores.

Sin embargo, y ante estas declaraciones, Luis Cardozo, ministro auditor de la AGPE, manifestó que si bien ellos en una auditoría no tipifican los hechos detectados, considera que sí hay observaciones rele­vantes que ameritan una inves­tigación, por lo tanto sí reco­mendaron al presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, que los entes encargados realicen los análisis pertinen­tes con base en el resultado de la auditoría.

“Irregularidades como tales no fueron concluidas, en rea­lidad hay faltas administrati­vas que fueron detectadas por nuestro pedido. La auditoría concluyó con la existencia de faltas administrativas y, por supuesto, con la recomenda­ción de un plan de mejora­miento. En ningún momento el informe habla de algún daño patrimonial. La conclusión no dice de ninguna manera reco­mendar, mandar al Ministerio Público, ni por asomo”, mani­festó Bacigalupo ayer, durante la presentación de su informe de gestión, plan nacional de empleo e informe de auditoría.

Al respecto y desmintiendo las afirmaciones de Bacigalupo, Cardozo confirmó que los resultados de la auditoría ya fueron remitidos a la Secre­taría Nacional Anticorrup­ción (Senac) para que esta entidad determine la existen­cia de indicios que ameriten una investigación penal. Dijo también que a su criterio sí hay hechos que reúnen las condi­ciones para una investigación por parte de las autoridades.

“El resultado ya tiene la Senac. Ahí se va a analizar si hay indi­cios de hechos más relevantes, nosotros exponemos aconte­cimientos y no tipificamos los hechos. Para nosotros sí hay dos puntos que se deberían analizar con más profundidad, el tema de la no ejecución de la póliza y el tema de la utiliza­ción de los fondos del Sinafocal y del SNPP”, sostuvo Cardozo.

Bacigalupo negó también las irregularidades detectadas en la licitación para la adqui­sición de cuatro simuladores de cargas. Echó la culpa a la administración anterior al afirmar que la denunciante, Ynés Ríos de Ruggero, pidió la cancelación de la compra antes de que ella asumiera el cargo y que fue la administra­ción de Guillermo Sosa la que siguió el proceso de licitación a pesar de la advertencia.

Si bien es cierto que el primer pedido de cancelación fue presentado el 25 de junio del 2018, luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas haya cancelado la pri­mera adjudicación tras la pro­testa de uno de los oferentes y solicitó retrotraer al proceso de evaluación de ofertas, Ríos volvió a pedir la cancelación de la licitación porque consi­deraba un gasto innecesario.