El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, remitió una nota al intendente de Asunción, Mario Ferreiro, solicitando dejar sin efecto la adjudicación de la gestión tributaria y catastral a favor del consorcio TX Panamá, por ser un “acto lesivo al interés general y a los derechos constitucionales”.
El defensor del Pueblo señaló también a Ferreiro que con la vigencia de la medida cautelar, que excluye a 3.000 contribuyentes, se podría generar un “grave problema político” para la comuna, debido a que el día de mañana podrían presentarse “otros tantos más”, razón por la cual cree que los ediles y el intendente se expondrán a “responsabilidades civiles y hasta penales derivadas de la administración pública”.
“Por tanto, solicitamos la suficiente razonabilidad de la administración y una visión comprometida con los intereses de la ciudadanía, dejando sin efecto este acto lesivo al interés general”, sentencia la nota.
El servicio contratado por la comuna capitalina ya inició sus funciones en esta semana en lo que refiere a la identificación de morosos, el cálculo de metros cuadrados por cada vivienda, el cálculo del pago de contribuyentes con base en lo construido y la gestión de cobranza.
La decisión de la Junta Municipal y la intendencia fue duramente criticada porque “atentaría” contra la inviolabilidad del patrimonio y la documentación privada. Actualmente existe una medida cautelar que fue promovida por 3.000 contribuyentes.
“Hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de la inminente puesta en vigencia por parte de la Municipalidad de Asunción del servicio de gestión tributaria en la Dirección de Recaudaciones de dicha institución, que ha sido adjudicado al consorcio TX Panamá”, refiere.
El documento expresa que “es de público conocimiento que contribuyentes de la comuna han planteado ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad, la cual ordena suspender la entrega de informaciones al consorcio TX. Dicha acción aún se encuentra pendiente de resolución por parte de la máxima instancia judicial”.
Godoy, a través del documento, mencionó que “entiende” que para desplegar una intervención efectiva de la empresa adjudicada en el contrato, de hecho, “necesariamente tendrá que acceder a los datos referentes al patrimonio de los contribuyentes y de no mediar consentimiento expreso de los mismos, el acceso a dichos datos estaría colisionando con la normativa constitucional establecida en la Constitución en los Artículos 36 y 169”, refiere.