• POR LOURDES PINTOS
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De acuerdo al resul­tado final de la audi­toría realizada por el Poder Ejecutivo, G. 1.290 millones es el monto apro­bado por Carla Bacigalupo, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS), para la adquisición de cuatro simu­ladores de cargas pesadas para capacitación en el Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Con esto se confirma la investigación de La Nación, del pasado 19 de febrero, en la que se reveló la sospechosa maniobra para adquirir los simuladores.

La compra se concretó a pesar de que la entonces directora de Programas de Aulas Móvi­les, Ynés Ríos de Ruggero, solicitó en múltiples ocasio­nes la anulación del proceso de licitación porque las accio­nes de los programas para dicha área fueron recorta­das en un 33%; por lo tanto, la adquisición de esos equipos ya sería un gasto innecesario para la institución. A pesar de esta advertencia, el proceso siguió su curso de manera normal y la adjudicación fue otorgada a la firma GSM, cuya propuesta fue la más elevada de entre todos los oferentes.

Con esto, y sumando los G. 1.494.308.512 utiliza­dos de los fondos del SNPP y del Sinafocal, el perjuicio que Bacigalupo pudo haber causado a las institucio­nes a su cargo ya asciende a G. 2.784.308.512. Esto se desprende de la lectura del documento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), al que accedió La Nación.

Según refiere el mencionado informe, el pedido para la compra se formalizó el 28 de mayo del 2018 y fue precisa­mente emitido por la direc­ción a cargo de Ríos. Sin embargo, casi un mes des­pués, el 25 de junio de ese mismo año, ella pidió por pri­mera vez cancelar la compra y explicó a través del memo­rándum Nº 98/2018 el recorte de programas.

“De qué sirve crecer en logís­tica si no tenemos el acompa­ñamiento de la gerencia eco­nómica para poder operar en acciones formativas”, men­ciona el memorándum remi­tido por Ríos a sus superiores.

Según la observación de la AGPE, el proceso de licitación siguió su curso de manera normal a pesar de las adver­tencias y el 23 de noviem­bre, siempre del mismo año (2018), se adjudicó la licita­ción a la firma GSM, propie­dad de Víctor Mendoza, y el contrato fue formalizado tres días después, el 26 de noviem­bre.

Un dato relevante es que la mejor oferta presentada no fue precisamente de la empresa de Mendoza, sino de la firma Automotive, que ofreció los cuatro simulado­res a G. 1.135 millones, G. 155 millones menos que la oferta aprobada por la ministra. El oferente no adjudicado pre­sentó protesta contra dicha adjudicación a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esto fue el 4 de diciembre del 2018 y el 24 de enero del 2019 la DGCP decidió anular la adjudica­ción y retrotraerla a la etapa de evaluación de ofertas.

Esta situación fue aprove­chada por Ríos, quien por segunda vez pidió la anula­ción del proceso bajo el argu­mento de que ya no existe necesidad de adquirir los cuatro simuladores, pero una vez más su pedido fue igno­rado. Se procedió igual a la reevaluación y nuevamente la empresa adjudicada fue la de la oferta más alta (GSM).

A pesar del descargo pre­sentado por la parte audi­tada, el equipo auditor de la AGPE sostiene la existencia de deficiencias en el proceso de adquisición de los simula­dores. Es más, en su informe final hace mención al Artículo 31 de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas, que confirma que las licitaciones pueden ser canceladas cuando existen circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la adquisición, o, de continuarse con el proce­dimiento de contratación, se pueda ocasionar daños o per­juicios a la institución.

Trae a colación la Ley Nº 1.535/99, de Administración Financiera del Estado, en la que dice que las autoridades al servicio del Estado que oca­sionen menoscabo a los fon­dos públicos a consecuen­cia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales responderán con sus patrimonios para la indemni­zación de daños y perjuicios ocasionados.