Directores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) remitieron una carta a nuestra redacción, en la cual afirman que la titular de la cartera de Estado, Carla Bacigalupo, no incurrió en malversación de fondos. Es con relación a la publicación de nuestro diario titulado “Administración de Bacigalupo malversó G. 1.500 millones”, publicado en la página 2 del viernes 6 de setiembre.
El texto señala lo siguiente: “Es oportuno remarcar con el mayor énfasis posible que en ninguna parte del informe final elaborado por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) se haya hablado siquiera en forma “tangencial” de malversación de fondos, siendo, por ende, absolutamente falso el comentario efectuado por medios periodísticos”.
“Por otro lado, y no menos importante, es el hecho de que la propia ministra ha solicitado la realización de esta auditoría, como una muestra más de la clara decisión de transparentar de la manera más amplia posible todo y cada uno de los aspectos relativos al manejo de los recursos institucionales y a la misma gestión de la cartera del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, dice el documento.
“Por lo demás, las observaciones efectuadas por el equipo de auditores del Poder Ejecutivo –de carácter meramente administrativo– han sido objeto de respuesta por parte del MTESS. Presupuestariamente, la administración de los recursos institucionales incluyen a los subprogramas (SNPP y Sinafocal), ya que estos subprogramas (dependiente jerárquicamente del MTESS no poseen UAF), razón por la cual la administración y/o gestión de los recursos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social son única exclusivamente ejecutados desde la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Art. 71 de la Ley 1.535/99 de Administración Financiera del Estado y Art. 220 del Decreto N° 1.145/19)”, agrega.
“Atenta contra el más elemental sentido común sostener que la realización de gastos comunes que benefician y son aprovechados por toda la institución (en el sentido de una sola unidad presupuestaria) pueda significar “malversaciones”, máxime si aquellos están dados en funciones a los fines institucionales”, se lee también en el texto.
“En cuanto a los recursos destinados a las adquisiciones hechas corresponden a la administración anterior y fueron imputados correctamente en el rubro que corresponde. Los mismos se encuentran activados e incorporados patrimonialmente y destinados al subprograma correspondiente, actualmente en su totalidad sin ningún perjuicio a los objetivos misionales del subprograma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, añade.
Asimismo, sostiene cuanto sigue: “En el mismo sentido, los recursos que fueron utilizados del subprograma Sinafocal, podemos señalar que el 100% de los rubros ejecutados corresponden a bienes y servicios adquiridos en el marco del proyecto Programa de Apoyo e Inserción Laboral (PAIL). Cabe señalar que dicho programa en conjunto con el BID tiene como característica que la contrapartida local conforme al PGN incluye al subprograma Sinafocal. A partir del mismo se generan los gastos de alquileres, limpieza y otros servicios que conforman la estructura de dicho proyecto y su sustentabilidad. Además de los servicios personales que corresponden a los funcionarios de la institución que comparten los mismos objetivos y fines misionales”.
“Cabe señalar que tanto la AGPE en su informe final así como la Abogacía del Tesoro en su dictamen N° 1.089/19 no han detectado perjuicio patrimonial alguno y han señalado taxativamente que la única UAF existente en este caso está a cargo del MTESS. Por ende, mal podríamos hablar de usurpación de cargos, siendo la máxima autoridad institucional la única autoridad legítimamente reconocida como ordenadora de gastos. Finalmente, corresponde remarcar que ninguna entidad de control interno o externo ha determinado la comisión ni siquiera a nivel indiciario de hechos punibles”, indica.
Firmaron la misiva Roy Rodgers, director de Auditoría Interna; Sonia Silvera, directora general de Asesoría Jurídica, y Mirian Paredes, directora de Control Interno.